El juez aprecia homicidio por imprudencia en el hundimiento del Villa de Pitanxo

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos secunda la posición del Ministerio Fiscal y recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo y los tratados internacionales reconocen la soberanía al Estado de origen del buque para evitar lagunas competenciales en alta mar.

Así las cosas, el magistrado señala que lo ocurrido en el naufragio del buque el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova son hechos cometidos dentro del territorio español, quedando la investigación del citado incidente fuera de las competencias de la Audiencia Nacional.

El auto explica, además, que la causa se inició por una denuncia presentada por la Dirección General de la Guardia Civil de Pontevedra tras tomar declaración a los tres supervivientes. Uno de ellos, el ghanés Samuel Kwesi -señala el juez-, efectuó una declaración distinta a la que prestó anteriormente sobre la forma en que se produjo el hundimiento del pesquero y cómo fueron falleciendo por hipotermia cada uno de los tripulantes.

De un análisis somero de los hechos, y «sin perjuicio de lo que resulte» tras la instrucción que corresponde al Juzgado de Marín, el magistrado induce además que «se concitan elementos indiciarios» que permitirían imputar «al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores».

Fue el pasado 7 de marzo cuando el magistrado de la Audiencia Nacional dio traslado al Ministerio Público para que le informase sobre si debía iniciar o no las pesquisas dirigidas a determinar si hubo una responsabilidad penal en el naufragio. La Fiscalía informo hace unas semanas en contra de que asumiera la investigación, instándole a remitirla a Marín.

El Villa de Pitanxo acumulaba varias sanciones por infracciones graves de pesca ilegal, entre ellas, capturas de fletán negro sin declarar. Así consta en una serie de sentencias de la Audiencia Nacional, la última de ellas con fecha del 17 de julio de 2020.

En concreto, el ministerio sancionó en 2016 al patrón por seis infracciones graves de la Ley de Pesca Marítima. Las multas sumaban más de 160.000 euros por cuestiones como eliminación u ocultación de pruebas en controles de inspección, falta de envío de posiciones del buque, no contar con las autorizaciones de pesca y diferentes incumplimientos relativos a capturas a bordo y desplazamientos. Además, se le decomisaron 27.778 kilos de fletán negro, que estaban ocultas y no registradas en el diario.

Las infracciones también se referían al armador, Pesquerías Nores, al que se le impuso pérdida de puntos con los que cuentan los propietarios de barcos en el reglamento de control europeo de la pesca debido a cuestiones como la eliminación de pruebas en las tareas de control, así como por la alteración de datos de capturas.

El grupo Nores adujo un error de comunicación entre el personal de la embarcación, pues sostenía que el fletán no estaba oculto y que «fue el marinero encargado el que olvidó sacarlo», recoge el fallo. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio por probada la infracción reflejada por los inspectores, que «comprobaron la existencia de una bodega oculta donde se encontraban las capturas de fletán negro embolsado y sin etiquetar en un total de 26.788 kilos».