Pérez de los Cobos gana el primer pulso judicial a Marlaska por su cese «ilegal»

La resolución obliga al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska a restituir al oficial en su anterior puesto, como jefe de la Comandancia de Madrid, y a abonarle las diferencias retributivas dejadas de percibir en este periodo. Interior anunció de inmediato que, si bien respeta el fallo, interpondrá un recurso de apelación ante la Sala a través de la Abogacía del Estado.

El magistrado Celestino Salgado, titular del Juzgado Central de lo Contencioso número ocho, estima el recurso de Pérez de los Cobos y deja sin efecto la resolución ministerial de 28 de julio –firmada por el secretario de Estado Rafael Pérez– que confirmaba su destitución. Grande-Marlaska atribuyó en un primer momento el relevo a un «cambio de equipos» y lo desvinculó de aquel informe, pero en posteriores comparecencias relacionó su salida con la «filtración» del documento policial que señalaba no solo al delegado del Gobierno José Manuel Franco, sino a otros miembros de la administración como el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

En el documento con el que se comunicó el cese del coronel se especificaba que la decisión se tomaba al «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil (...) con fines de conocimiento». Un argumento que ahora ha sido ampliamente escrutado por el juez en su resolución de 92 páginas.

Tras analizar los hechos y las resoluciones adoptadas en este procedimiento administrativo, la sentencia confirma que «es indiscituble» que la destitución «se motivó por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial». Todo ello, recuerda, en la investigación por la causa del 8-M abierta por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que había impuesto al coronel el deber de reserva sobre las actuaciones de sus subordinados.

Según el juez, «no se trata de un cese por pérdida de confianza, es en realidad una sanción administrativa encubierta consecuente a que el coronel cesado no llevó a cabo el acto abiertamente ilegal que de él se esperaba», expone. «La premura e inmediatez de la propuesta de cese resulta más propia de una sanción disciplinaria urgente, expeditiva y ejemplarizante que, en su caso, habría requerido sustanciar un procedimiento sancionador, y no de un cese por supuesta pérdida de confianza».

El magistrado añade que «no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con la ley y el expreso mandato judicial». De lo contrario, añade, «podría haber incurrido en un ilícito penal» de presunta revelación de secretos.

Además, relata la secuencia de hechos que concluyeron con la salida de Pérez de los Cobos el 24 de mayo de 2020. Llama la atención una llamada sobre las 21:33 horas de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, quien le preguntó si era conocedor de la entrega de diligencias de investigación por el 8-M. Éste le contestó que lo ignoraba y que se enteraría a través de la cadena de mando, pero le recordó el deber de reserva impuesto por la juez.

Minutos después, el segundo del coronel le contesta a Gámez que su jefe no era conocedor de dichas diligencias. La conversación de 13 minutos se tensa. La directora avanza su cese, el interlocutor le pide pararlo hasta investigar la filtración del informe, pero Gámez confirma que la decisión «ya estaba tomada por Moncloa».