El juez lleva a juicio a la cúpula de Interior con el PP por espiar a Bárcenas en pleno 'caso Gürtel'

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 hace un repaso a las peticiones de las acusaciones y rechaza por «extemporánea» la realizada por la acusación popular ejercida por el PSOE, que solicitó declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP por esta trama pagada con fondos reservados. Sin embargo, García Castellón sí la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los 11 procesados –la mayoría funcionarios como comisarios o inspectores jefe– resultaran condenados.

El auto de apertura de juicio oral incluye todos los delitos planteados por las acusaciones: Fiscalía, Abogacía del Estado, PSOE, Podemos y la familia Bárcenas en sus respectivos escritos. Se incluyen una ristra de delitos como descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso de los socialistas, la formación morada y los Bárcenas, añaden además    los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros.

Para el juez, los diferentes relatos de los escritos de acusación, con sus correspondientes calificaciones penales, resultan, en principio, adecuados; todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la fase de juicio oral, que examinará un tribunal de tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La vista se podría celebrar en otoño de 2024.

En relación con la responsabilidad civil del PP solicitada por el PSOE, recuerda el juez que hasta este momento de la causa no se ha dirigido pretensión alguna en este sentido contra el partido    y que, por tanto, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, resulta extemporánea teniendo en cuenta que se realiza sin concretar la cuantía ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad.

Además del exministro Fernández Díaz, el juez envía a juicio a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al exdirector adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino. Para estos tres acusados la Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de prisión y 33 de inhabilitación por tres delitos. También se sentarán en el banquillo los altos cargos policiales José Luis Olivera, quien fuera jefe de la UDEF o del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo y el excomisario José Manuel Villarejo (le piden 19 años de cárcel, la pena más alta); a los que se suma Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas cuando este trabajaba para el PP. 

Este procesado, para quien Anticorrupción solicita 12 años y medio de prisión, fue utilizado por la trama para espiar al tesorero e informar sobre la ubicación del material sensible que pudiera afectar al PP, a cambio de dinero procedente de los fondos reservados. Los investigadores han logrado cuantificar al menos 53.000 euros para el dispositivo parapolicial. En el caso de Sergio Ríos, el juez pide además que se declare nulo su nombramiento como policía nacional por las sospechas de que fue una gratificación por sus trabajos delictivos.

Respecto a Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano, para los que el fiscal había solicitado el sobreseimiento provisional, el instructor rechaza esta petición y reclama al Ministerio Público que en el plazo de tres días formule un escrito de acusación o que renuncie al mismo. El magistrado desestimó también una diligencia complementaria solicitada por el PSOE al considerar que la instrucción de 'Kitchen' ya está finalizada.

Finalmente, el auto acuerda imponer fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para    Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, así como de 100.000 euros para Villarejo y Ríos, de 20.000 euros para Gómez Gordo y 3.000 euros para el resto de procesados excepto García Castaño, a quien se le fija en 2.000 euros. Este comisario jubilado podría librarse del juicio por una demencia sobrevenida.