El juez accede a que Jordi Pujol Ferrusola se beneficie de la subida del SMI: 1.260 euros al mes

Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, ha autorizado que el acusado pueda disponer en su cuenta de 1.260 euros al mes frente a los 1.167 que percibía antes de actualizarse el SMI. En una providencia, el magistrado se apoya en el criterio favorable de la fiscal anticorrupción del 'caso Pujol', Belén Suárez, quien no encontró inconveniente a esa subida en virtud del Real Decreto 99/2023 del pasado 14 de febrero.

La defensa de Jordi Pujol Ferrusola recordó de forma previa al juez que ya en marzo de 2022 accedió a desbloquear parcialmente una de sus cuentas para que pudiese contar todos los meses con un importe equivalente al salario mínimo interprofesional. Y que ahora, el primogénito del otrora 'Molt honorable' quería que se actualizara.

El principal acusado del 'caso Pujol', al que la Fiscalía Anticorrupción le pide 29 años de cárcel, está en libertad provisional desde las navidades de 2017 después de pasar ocho meses en la cárcel de forma preventiva y abonar 300.000 euros de fianza para salir.

Su abogado, Cristóbal Martell, recordó al juzgado ahora que en 2015 se le impuso como medida cautelar «la fiscalización de su vida económica de manera absoluta, incluso en sus ámbitos más prosaicos, tales como devengo y pagos de impuestos municipales». En consecuencia, alegó que «ha tenido que contar con el apoyo económico directo y desinteresado de sus familiares más próximos para afrontar los gastos ordinarios del día a día».

La familia Pujol Ferrusola, todos salvo la madre Marta Ferrusola, inimputable por su demencia, están a la espera de sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional acusados de formar parte de una presunta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

El expresidente catalán, de 92 años, se enfrenta a nueve años de prisión. A él y sus siete hijos les imputan asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio.

El juicio no está fijado aún y no se prevé que se celebre en 2023 ni puede que en 2024, pero no por los problemas organizativos que pueda tener la Audiencia Nacional para señalar vistas, por el que se da preferencia a las causas con preso y que le obliga a usar determinada salas en función del número de acusados y abogados. Fuentes jurídicas señalan que la defensa de la familia Pujol sigue expurgando la causa para apartar de ella toda referencia personal ajena al procedimiento penal.