La jefa de los observadores extranjeros del 1-O admite que cobraron del Govern

La malversación de dinero de la administración catalana está siendo uno de los puntos indiciarios más endebles para las acusaciones en lo que va de prueba testifical. Aunque la configuración de este delito imputado a varios procesados tendrá su momento estelar en las fases decumental y pericial, aún por celebrar, esta testigo admitió este miércoles buena parte de los hechos recogidos en el escrito del Ministerio Fiscal.

En concreto, aparecen en cuatro páginas referidas a la «contratación y financiación de expertos y observadores internacionales» a cargo del Diplocat, el Departamento de Relaciones Institucionales y Exteriores que pertenecía a la consejería de Raül Romeva. El dirigente de ERC está procesado por presunta rebelión y malversación (este delito por asumir con dinero público la atención a observadores para refrendar y publicitar un acto ilegal).

Pues bien, Catt declaró al tribunal que permaneció en Cataluña entre el 4 de septiembre y el 6 de octubre de 2017. Recibió un encargo para hacer un informe que recogiera «con perspectiva histórica» la realidad político-social en Cataluña durante esos días. Su equipo, según el escrito de Fiscalía, cobró 114.592,50 euros, a los que se sumaron 62.712 en gastos que fueron pagados hasta noviembre, antes de la aplicación del artículo 155 que suspendió la autonomía catalana (pese al intento fallido de Judit Gené, defensora de la procesada Dolors Bassa, de que la testigo dijera lo contrario).

Catt, consultora con residencia en Escocia, contestó en inglés y asistida de intérprete que su cometido era coordinar el trabajo y asegurar su entrega a Diplocat, que hizo a mediados de octubre. Reconoció que el 1-O visitó un colegio electoral, en el que observó cómo se abrían las urnas y se contabilizaban los votos «según el procedimiento acordado».

Trabajó con politólogos y expertos en derechos humanos, administración electoral y medios de comunicación y reconoció haber recibido por transferencia 8.775 euros en concepto de honorarios. «Lo abonó el Diplocat, como al resto del grupo», dijo a preguntas de la acusación popular de Vox. Además, señaló que Romeva -para quien se pide 16 años de cárcel- se encontraba en algunas de las sesiones informativas a las que asistió junto al secretario general de Diplocat, Albert Royo.

Royo está siendo investigado en el juzgado 13 de Barcelona por la organización del referéndum, pero en el juicio declaró que desde su oficina no se pagó a «obervadores internacionales», pero sí 40.000 euros con «tarjeta de crédito» para vuelos y alojamiento de los que él llamó «visitantes internacionales».

Es cierto que Catt descartó este miércoles que su trabajo pueda considerarse como una misión de observación electoral. «Era un proyecto de investigación, en ningún momento se nos pidió una validación del resultado», explicó. Pero la presidencia del tribunal tomó nota de su relato, sobre todo reconocer los pagos con dinero público y admitir que conocía que el Tribunal Constitucional español había suspendido la ley catalana que amparaba la consulta.

Este extremo también fue confirmado por el primer testigo, el exparlamentario alemán Bernhard von Grünberg, llamado por la defensa de Romeva y que formó parte de una delegación extranjera que acudió para el 1-O, aunque no cobró nada. En cualquier caso, un tema a deliberar por el tribunal será el cometido del trabajo: si era genérico sobre Cataluña o centrado en la consulta. Este miércoles también declararon dos mossos y un guardia civil que asisitieron a una detención el 20 de septiembre de 2017 en Sabadell, en el marco de la operación del 1-O, y que relataron la virulencia de los manifestantes.