Irene Montero carga contra la gestación subrogada: «Es una forma de violencia contra las mujeres»

«Nunca se olviden de las mujeres que están detrás, hay un sesgo de discriminación por pobreza claro. No se olviden de que es un práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país como una forma de violencia contra las mujeres», sentención Montero desde los pasillos del Congreso, haciendo referencia a la nueva ley de derechos sexuales, donde está regulada y se reconoce como una violencia.

Ciudadanos, que hasta ahora ha sido la única formación en apoyar la gestación subrogada de anera abierta, pide al Gobierno que mueva ficha y plantee «una regulación jurídica que diera seguridad para el mantenimiento de los derechos de los menores» aunque «no esté de acuerdo» con esta práctica.

Los liberales, rechazan, no osbtante, el uso del término 'vientre de alquiler': «Es una terminología que no nos gusta nada. En el sistema que defiende Ciudadanos no se alquila ningún vientre, es una gestación subrogada que se plantea de una forma altruista, que no es mediante precio», aseveró el portavoz adjunto, Edmundo Bal.

La número dos del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró en contra de esta práctica, aunque ha hecho una precisión: hay que estudiar «cada caso concreto», aseguró poco después de considerarlo «una forma más de explotación del cuerpo de la mujer».

Los populares se abren ahora a regularizar una práctica sobre la que hay «diferente sensibilidades» en el partido y que, recuerdan, es «ilegal» en España. «Mercantilizarlo sería execrable. No puede haber ningún pago directo o indirecto, pero nosotros estamos dispuestos a hablar de ello», aseguran fuentes de la dirección nacional.

En Génova admiten que sería pertinente regular la cuestión por las propias incoherencias vigentes en la actual normativa, ya que el aprovechamiento de los vacíos legales permite a los consulados nacionalizar a los niños nacidos en el extranjero por este métoto desde 2018, cuando Mariano Rajoy estaba al frente del Ejecutivo. colisionando la «legalidad» con la «situacion de hecho». «Es bueno regularlo para que no se produzca doble situación sinsentido», concluyen las mismas fuentes.

En 2017, durante el último congreso interno del PP se discutió intensamente de este asunto con posturas muy enfrentadas entre el ala más liberal del partido, a favor de la regularización de los vientres de alquiler, y la conservadora, radicalmente en contra dehacerlo. Finalmente se acordó una posición intermedia en la que se garantizaban los derechos de los niños nacidos mediante esta práctica sin llevar más allá el debate.

«Nos encontramos ante una realidad muy delicada y extremadamente sensible por lo que entendemos que es uno de los asuntos que requiere un debate en profundidad, serio y sereno. Un debate que tras escuchar a los expertos tanto desde el ámbito científico, como jurídico y ético, nos permita dialogar, debatir y construir juntos un posicionamiento que de una respuesta clara y de amplio consenso ante un tema tan importante que afecta a la vida, la dignidad humana y a la conciencia de todos», dice el texto que finalmente se recogió en ponencia.

Ese mismo año, Ciudadanos llevó al Congreso una proposición de ley de Ciudadanos con el objetivo de legalizar la gestación subrogada como una práctica «altruista». Limitando la condición de gestante a mujeres que hayan cumplido los 25 años; ya hayan sido madres con anterioridad; sean españolas o residentes legales en España; y tengan una situación socioeconómica estable y estableciendo que una mujer solo podría ser gestante por subrogación en un máximo de dos ocasiones. El PP, al igual que el PSOE y Podemos, votó en contra.

Vox, por su parte, que en 2020 registró una iniciativa en la que instaba al Gobierno a prohibir y sancionar esta práctica prefirió hoy no entrar en el debate asegurando que «no tienen una posición tomada al respecto». «No vamos a valorar actuaciones de personas señaladas con nombre y apellidos, ni circunstancias concretas y mucho menos cuando estas actuaciones afectan a menores de edad, como es el caso», señaló su portavoz Iván Espinosa de los Monteros.