Interior admite tener la competencia sobre los presos del procés pero no prevé trasladarlos

Así se ha zanjado la polémica pública entre el nuevo ministro del Interior y el juez del 'procés' a cuenta de la posibilidad de que los políticos presos catalanes puedan ser trasladados a cárceles de aquella comunidad. Y sobre todo sobre quién sería, si el Gobierno (a través de Instituciones Penitenciarias) o el magistrado del Tribunal Supremo, el encargado de tomar esa controvertida decisión, que sin duda levantaría una polvareda política.

Que ni el Ejecutivo ni el Supremo quieren para sí la responsabilidad de esa patata caliente quedó meridianamente claro hoy. La controversia pública entre el titular del Interior y el juez Pablo Llarena arrancó a primera hora del día cuando Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista en Onda Cero, se mostró, en principio, favorable a acercar a Cataluña los nueve presos preventivos del 'procés' acusados de rebelión o sedición y malversación: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell.

«Si en cinco o seis meses esa persona no va a ser requerida, y siempre que haya autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal y familiar más fácil», afirmó el titular de Interior, al tiempo que sorprendió a sus compañeros juristas y magistrados al afirmar con rotundidad que Instituciones Penitenciarias sólo deciden directamente sobre el traslado de presos cuando hay sentencia.

«Cuando son presos provisionales están a disposición del órgano judicial, por eso están en cárceles próximas a donde está el órgano judiciales porque mañana le pueden citar a declarar, notificar algo personalmente y no se pueden hacer traslados de un día para otros», apuntó el ministro, quien insistió en que «se podría y se debería evaluar» un traslado a cárceles catalanas de los líderes independentistas en prisión provisional para facilitar su vida familiar, pero siempre que el juez haga constar que «no hay inconveniente».

Pablo Llarena contestó directamente al ministro apenas unas horas después, lo que tardó en redactar el auto en el que reiteraba su rechazo a la nueva petición de libertad de Forcadell, Junqueras y Romeva, insistiendo en que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

El juez aprovechó esa resolución, que nada tenía que ver con el acercamiento o no a cárceles catalanas, para despacharse a modo con Grande-Marlaska de manera pública y dejarle claro que «no tiene competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer» los reclusos, por muy preventivos que éstos sean.

El instructor del Supremo, apoyándose en la ley y el reglamento penitenciarios y en la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional, se sacude cualquier responsabilidad sobre la decisión del traslado de los nueve líderes independentistas. Recuerda, en primer término que el artículo 31 del Reglamento establece que el «centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios» sin perjuicio de las atribuciones de los jueces de Vigilancia «en materia de clasificación por vía de recurso».

Recuerda Llarena los preceptos legales que fijan que será el centro quien ordene los traslados correspondientes en base a las propuestas formuladas por las Juntas de Tratamiento o, en su caso, por el director o el consejo de Dirección, así como los desplazamientos de los detenidos y presos que sean requeridos por otras autoridades. Y que estos traslados serán notificados al juez de Vigilancia, en el caso de penados, y «a las autoridades a cuya disposición se encuentren» si se trata de detenidos.

La polémica entre el juez y el ministro llegó a tal punto que Interior, que acabó reconociendo que tiene competencia también sobre los presos preventivos, anunció que no tiene intención de mover a los nueve independentistas.