El Gobierno asegura desconocer los traslados de migrantes de Canarias a la península

Desde el Ministerio del Interior ya se descartó hace unas semanas realizar traslados desde el archipiélago al continente como método para aliviar la presión migratoria que se vive en Canarias.Se apostaría, anunciaron entonces, por la deportación a terceros países «para no fomentar el efecto llamada».

Por ello, desde el SUP también han preguntado, a través de una carta dirigida a los ministerios del Interior y de Migraciones, si conocen si alguna ONG ha podido organizar este tipo de desplazamientos, «puesto que los riesgos ya señalados se incrementarían por la evidente ausencia de una mínima coordinación con las autoridades policiales», añaden en las misivas. «Además, para volar hace falta un documento oficial, como un pasaporte. Si estos viajeros lo tienen, se debería haber procedido a su deportación», señalan desde el sindicato.

Respecto a los posibles riesgos epidemiológicos derivados de estos desplazamientos, que en algunos casos se están realizando a zonas en las que la movilidad está restringida a causa de la evolución de la pandemia, la ministra de Hacienda también quiso aclarar que todos los migrantes que alcanzan las costas españolas «son sometidos a pruebas PCR a las pocas horas de llegar a España».

Sin embargo, el martes la Policía Nacional detuvo a 16 inmigrantes que habían desembarcado en Valencia provenientes de uno de estos vuelos por incumplir la Ley de Extranjería y dos de ellos dieron positivo por covid-19. «No parece muy normal que en una pandemia como la que estamos sufriendo en estos momentos el ministro (Fernando Grande) Marlaska monte un vuelo y mande inmigrantes al interior de la península», se quejaba el alcalde de Granada, Luis Salvador, después de conocer que 200 migrantes con origen en Canarias habían desembarcado en el aeropuerto de la ciudad.

En el caso de la capital andaluza, explican desde el sindicato policial, «los migrantes que han llegado allí han abandonado el aeropuerto por sus propios medios y no existe control alguno sobre estos ciudadanos en situación ilegal en nuestro país». Por ello alertan del «efecto llamada» que estos movimientos pueden generar y «el daño a la lucha contra las redes organizadas de inmigración ilegal».

El Gobierno andaluz ha llegado incluso a acusar de «deslealtad» al Gobierno por no informar de la situación y le ha pedido explicaciones. Montero salió este miércoles al paso de estas críticas asegurando que, si existieran traslados sin autorización, se abriría una investigación policial y judicial.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya confirmó la semana pasada que se estaban produciendo estos traslados a la Península «de manera reglada», aunque no ofreció datos concretos ni cifras de personas reubicadas. El líder canario, en cambio, volvió a insistir en que su región «no puede responder por su cuenta a esta crisis humanitaria».