Interior se preparara para enviar hasta 750 antidisturbios a Cataluña en el 'otoño caliente'

Esa preocupación ha llevado al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a diseñar un ambicioso plan de seguridad, que se activará el próximo 30 de septiembre y que estará activo hasta el 15 octubre, aunque esta última fecha es «estimativa», ya que el despliegue está sujeto a ampliarse en el tiempo si los desórdenes continúan tras conocerse el fallo del Supremo que se espera para mediados del próximo meses.

El operativo de Interior, en primer término, contempla el envío a Cataluña de hasta 750 antidisturbios de forma escalonada de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP) si fuera necesario y siempre en apoyo de los Mossos d'Esquadra.

La primera parte de este despliegue, la única que por ahora está cerrada al 100%, estará operativa el próximo lunes y contempla el envío de 200 funcionarios de las UIP procedentes de las bases de Sevilla y posteriormente Granada y Bilbao. Estos agentes ya han sido comenzado a ser trasladados a hoteles de Salou y Casteldefells. En algunos casos estos funcionarios han vuelto a los mismos establecimientos hosteleros donde en otoño de 2017, en pleno procés, sufrieron escraches de la población.

Además de los 200 refuerzos, el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con otros tres grupos de UIP (150 funcionarios) desplegados de manera permanente en Cataluña, tanto en la Zona Franca de Barcelona como en la frontera de La Junquera.

Otra decena larga de grupos de la UIP de toda España (unos 600 funcionarios más) están en situación de 'prevengan' para incorporarse al dispositivo si las circunstancias lo requieren.

El despliegue de Interior para el asegundo aniversario del referéndum es mucho menos que el puesto en marcha en 2017 cuando se enviaron 6.000 antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el operativo 'Copérnico-Avispa' para intentar frenar la consulta secesionista.

Responsables del actual operativo precisaron que los UIP de la Policía Nacional, en principio, estarán destinados a la protección de inmuebles de titularidad de la Administración Central del Estado y que solo ampliarían su radio de acción a petición de los Mossos d'Esquadra si sus unidades de orden público (Brimo y Arro) se vieran desbordadas por las protestas.

El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se negó a facilitar hoy datos sobre este operativo, alegando se trata de una «materia de seguridad» que exige «discreción». El ministro se limitó a señalar que su departamento, en «coordinación y cooperación» con los Mossos d'Esquadra «garantizará que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades» en Cataluña durante las próximas semanas.

De hecho, en los próximos días hay prevista una reunión entre responsables del ministerio y de la consejería de Interior para concretar los detalles del despliegue. Las relaciones entre los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado y de la policía catalana todavía siguen muy tocadas después de los encontronazos durante otoño de 2017. No obstante, desde la llegada del PSOE al Gobierno los cauces de comunicación se han retomado, aunque la desconfianza y los recelos mutuos siguen siendo la tónica, según admiten responsables de los tres cuerpos implicados.