España expulsa por primera vez a un grupo de subsaharianos por violar la valla

La operación se empezó a gestar el pasado 26 de julio después de que 602 inmigrantes rompieran el perímetro de Ceuta, en la mayor entrada ilegal del año. Según ha podido saber COLPISA, responsables de los Ministerios de que dirigen Josep Borrell y Fernando Grande-Marlaska se pusieron en contacto con el Ejecutivo de Saadeddine Othman con el encargo de intentar a toda costa lograr la repatriación de este contingente. El Gobierno marroquí se negó a hacerse cargo de este primer grupo, pero aceptó tras una «durísima negociación» admitir a futuros grupos de subsaharianos ilegales en virtud del olvidado 'Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente', que firmaron en Madrid en febrero de 1992 los entonces ministros del Interior de ambos países, José Luis Corcuera y Driss Basri. Aquel protocolo, en su artículo 1, dejaba claro que «el Estado requerido (Marruecos) readmitirá en su territorio, a petición formal del Estado requirente (España) a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente», siempre que la petición se hiciese en los diez días siguientes.

Este acuerdo, salvo en casos muy puntuales, había sido papel mojado para Marruecos desde el inicio, según admiten en Interior. Solo en una ocasión había sido utilizado de manera colectiva; fue en septiembre de 2012, cuando Rabat consintió hacerse cargo de los 71 africanos que se habían hecho fuerte en Isla de Tierra, un minúsculo islote español del archipiélago de Alhucemas a unos 120 kilómetros al oeste de Melilla.

Las autoridades marroquíes, en la negociación que se ha extendido durante buena parte de agosto, pusieron solo una condición, que tendría que haber una compensación económica por la devolución de cada inmigrante. Las fuentes gubernamentales consultadas se negaron hoy a facilitar la cifra y tampoco desvelaron si el acuerdo se seguirá aplicando en futuros asaltos multitudinarios.

El miércoles, a última hora de la tarde, y tras la intervención directa del propio Grande-Marlaska, Rabat confirmó que iba a aceptar a los 116 subsaharianos adultos y que, a esas horas, descansaban en el saturado Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Interior, a primera hora de la noche del miércoles, dio orden de movilizar a todos los policías disponibles en la ciudad para trasladaro a dependencias de la Policía a los extranjeros recién llegados en grupos de 10 a 20 para tomar sus huellas, filiarles y abrirles expedientes de expulsión individuales por entrada ilegal. Los agentes de Extranjería y Científica fueron notificando uno a uno a los 'sin papeles', asistidos por abogados (se movilizó a todos los letrados disponibles en el turno de oficio de la ciudad) su inmediata deportación. «No son expulsiones en caliente porque se ha respetado todo el procedimiento legal y cada uno de los inmigrantes ha tenido su correspondiente expediente y asesoramiento legal», apuntaron desde Interior.

A pesar de que Interior esperaba que el operativo fuera contestado de forma violenta, no hubo apenas incidentes. Los 116, todos hombres, -admitieron los policías- pensaron que se trataba de un trámite para identificarles, no para expulsarles. La noticia de que el último contigente volvía de inmediato a Marruecos corrió como la pólvora entre los centenares de inmigrantes del CETI. Algunos de ellos huyeron a las calles de Ceuta temorosos de ser los siguientes (imposible, porque la repatriación debe pedirse en diez días), mientras que Interior enviaba a la península a otros 80 africanos llegados a Ceuta en anteriores saltos.

Con las primeras luces del día de hoy -y custodiados por policías antidisturbios (UPR y UIP) y guardias civiles de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS)- los inmigrantes fueron llevados en pequeños grupos a la frontera de El Tarajal, el principal paso fronterizo con Marruecos. Allí, ya bajo el control de las fuerzas de seguridad marroquíes, fueron subidos a diversos autobuses y camionetas para pasar la frontera con rumbo al interior del país vecino con su orden de expulsión bajo el brazo.

Las organizaciones de guardias civiles se felicitaron y pidieron que esta devolución no sea un caso aislado. Amnistía Internacional, por su parte, mostró su preocupación porque estas «insólitas expulsiones exprés» difícilmente son compatibles con «el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías». Según Interior, ninguno de los expulsados reclamó asilo.