Interior deberá pagar 10.000 euros a un sargento por daños morales

La defensa del agente pidió declarar nula la decisión de la Secretaria General Técnica del ministerio de septiembre pasado, que acordó satisfacer la reclamación patrimonial por el error de puntuación, 4.335 euros en total, pero que desestimó el abono de la indemnización reclamada por perjuicios morales.

En el litigio iniciado entonces, la Abogacía del Estado consideró injustificada esta petición y menos aún la alta cuantía solicitada «sin criterios objetivos». Pero el magistrado Luis Manuel Ugarte ha rechazado ahora estos argumentos y ha dado la razón al demandante. Considera en su sentencia que el Régimen Jurídico del Sector Público regula las indemnizaciones por lesiones leves en virtud del anormal funcionamiento de la admnistración. Y recoge doctrina del Tribunal Supremo sobre la ponderación de la cuantía «de forma razonable» al daño ocasionado.

Para ello, se ha revisado abundante documentación del sargento y cómo le afectó la decisión de la dirección de personal de la Guardia Civil de octubre de 2015, que no incluyó la puntuación por méritos profesionales (23,5 puntos) en el proceso de ascenso a suboficial. Solo la estimación de su reclamación dos años mas tarde por el Tribunal Superior de Madrid subsanó esta injusticia.

Pero, ¿quién se hace responsable del tiempo perdido? Esa es la respuesta que ahora ha dado el juzgado de la Audiencia Nacional. El sargento ha sufrido un perjuicio económico y mental, ya que estuvo en tratamiento psiquiátrico entre diciembre de 2018 y julio de 2019. También un daño personal, de «decepción, injusticia, nerviosismo y estrés grave», y laboral al no poder ejercer como sargento durante este tiempo en nuevo destino.

El abogado del demandante, Antonio Suárez-Valdés, ha valorado que esta resolución «viene a cercenar de raíz, por vía de la compensación económica, los abusos que se vienen reiterando en diferente procesos de acceso y ascenso dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil». Según el letrado, en los últimos años se vienen detectando en las oposiciones convocadas por Interior «prácticas abusivas y arbitrarias contrarias a las bases de las convocatorias y a la normativa vigente, que causan enormes perjuicios a los opositores, al apartar a los mismos de forma injusta de dichas convocatorias y que están colapsando la jurisdicción contencioso-administrativa con cientos de reclamaciones».

La novedad de este fallo es la cuantía de los daños morales. Hasta la fecha solía oscilar en cifras ridículas, pero en este caso el magistrado ha valorado el grave perjuicio ocasionado al entonces cabo de la Guardia Civil, que siguió estudiando dos años para una oposición que ya tenía aprobada.