La decisión del Gobierno de dar marcha atrás en la reforma legal que él mismo impulsó para limitar las funciones del Poder Judicial amenazó el viernes con encallar de nuevo el único pacto de Estado que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se habían mostrado ... dispuestos a explorar. El PP acusó entonces al PSOE de «romper los puentes» con una maniobra «unilateral» que buscaba, únicamente, «controlar» al Tribunal Constitucional pero ya advirtió de que no rompería las negociaciones. Este lunes, los populares trataron de encauzar nuevamente el diálogo emplazando al Ejecutivo a que retire su reforma, o bien que la amplíe para permitir al Consejo hacer todos los nombramientos que están pendientes, «no solo los que le interesa» sino también en el Supremo, y retomar a partir de ahí las negociaciones. «El Supremo está dictando mil sentencias menos al año y hay Salas que en octubre o noviembre no van a poder reunirse porque sus magistrados se van a jubilar», advirtió el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons.
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En Génova, ponen en duda la verdadera intención del presidente del Gobierno sobre la actualización del órgano de gobierno de los jueces. Dan por hecho que «lo único que le importa» en este momento al Ejecutivo es «asaltar» el Constitucional, que tiene que dirimir en breve sobre asuntos de calado como el recurso del PP a la ley del aborto, y que ahora tiene una mayoría conservadora. «Seremos más responsables que el Gobierno pero no somos idiotas», dijo González Pons, que es el interlocutor designado por Feijóo para la negociación en este ámbito.
Después de la maniobra del PSOE, los populares aseguran estar «legitimados para romper la negociación», pero no lo harán en ningún caso porque tienen «más sentido de Estado y altura de miras» que el propio Gobierno. Pero sacan la conclusión de que tras el batacazo en las elecciones andaluzas, Sánchez tiene prisa por «asaltar» las instituciones del Estado. Si ya tenía «bajo control» el CIS, el CNI y la Fiscalía General, tras el nombramiento de Dolores Delgado, ahora, censuran en Génova, «se ha lanzado a por Indra, el Constitucional y el INE». «Cuando el Gobierno, que ha impedido que el CGPJ haga nombramientos, lo habilita solo para hacer los que a él le interesa remarcó González Pons-, la sospecha de que hay una maniobra de control es bastante».
El dirigente conservador evidenció el malestar que persiste en el seno del PP por la forma de proceder del Ejecutivo porque su partido dio un plazo al Gobierno en esas conversaciones -las iban a continuar esta misma semana- y le ha dejado «colgado de la brocha». «Los mensajes están escritos. Nos habíamos fijado un plazo y el Gobierno aceptó», recordó Pons, que avisó al Ejecutivo de que «está perdiendo nuestra confianza» y si quiere recuperarla tendrá que mover ficha.
La exigencia del principal partido de la oposición coincidide con el último toque de atención del Supremo a las fuerzas políticas por el bloqueo del CGPJ que lleva con el mandato caducado desde hace más de tres años. Su Sala de Gobierno resolvió este lunes dirigirse al propio Consejo para que transmita al Congreso y el Senado «su honda preocupación» porque la falta de renovación de este órgano está creando una situación que, de continuar, «será insostenible».
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