Del 23-F al 1-O, los indultos más polémicos en democracia

La de Alfonso Armada fue la primera medida de gracia concedida a uno de los militares condenados por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Llegó siete años después y tras haberlo socilitado su abogado hasta en cinco ocasiones. Fue en diciembre de 1988 cuando el Ejecutivo de Felipe González concedió el indulto al exgeneral por razones de salud –sufrió una embolia cerebral y se le detectó cardiopatía– y por haber acatado la Constitución, después de cumplir más de seis años de condena. Según los planes de los golpistas, Armada era la persona en la que recaería la Presidencia del Gobierno en caso de que hubiera triunfado el golpe. Sin embargo, el exmilitar, que fue condenado a 26 años por un delito de rebelión, siempre negó su participación en los hechos.

En 1994, el constructor y alcalde de Marbella Jesús Gil recibió el segundo de sus indultos. El primero se lo dio el régimen franquista tras la muerte de 56 personas al caer el techo de un restaurante en una urbanización promovida por su empresa. Este segundo perdón, tras ser condenado por un delito de estafa, le posibilitó concurrir por segunda vez a las elecciones en Marbella. Poco después arrancó el llamado 'caso Saqueo', que detectó el vaciado de las cuentas del propio ayuntamiento.

Uno de los indultos más sonados fue el que recibieron el exminitro de Interior del PSOE, José Barrionuevo, y el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, en diciembre de 1998. Cuatro meses después de su entrada en prisión por el secuestro de Segundo Marey, ambos socialistas se beneficiaron de un indulto parcial que les otorgó el Ejecutivo de José María Aznar, que redujo en dos tercios su condena, además de concederles el tercer grado penitenciario. El entonces portavoz del Gobierno, Josep Piqué, justificó la urgencia por lo excepcional del caso.

Barrionuevo y Vera fueron condenados por el secuestro del ciudadano francés, al que confundieron con un dirigente de ETA en la que fue la primera acción reivindicada por los GAL.

Fue el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, quien anunció el indulto al magistrado Javier Gómez de Liaño, condenado a quince años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación continuada en el 'caso Sogecable'. Su perdón llegó por sorpresa junto a otros 1.441, entre los que se encontraban tres de los condenados por el 'caso Files' y contó con el informe en contra del Tribunal_Supremo.

El entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, aseguró que el indulto a Gómez de Liaño supondría el reintegro en la carrera judicial, pero no fue así. Se le prohibió regresar a la Audiencia Nacional durante 25 años.

El entonces consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, fue condenado a tres meses de arresto domiciliario e inhabilitación temporal por acusación y denuncia falsa cometidos en 1993, cuando era presidente de Banesto. El grado de la pena no implicaba su entrada en prisión, pero sí ponía en juego su cargo en el banco porque la normativa bancaria inhabilitaba a aquellos que tuvieran antecedentes penales. La medida de gracia permitió que Sáenz conservara su puesto en el banco, aunque en febrero de 2013 el Tribunal Supremo anuló el indulto al entender que el Ejecutivo no podía interceder en la normativa bancaria. Poco después, el Gobierno aprobó un real decreto que modificó los requisitos de la normativa bancaria, permitiendo así que no se inhabilitara a Sáenz.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy concedió durante su primera legislatura el indulto a los dos únicos condenados por el caso Yak-42 aún vivos, los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García. Ambos fueron condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por errar en la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), cuando regresaban de Afganistán.

El ingreso en prisión fue suspendido por la Audiencia Nacional al ser menor a dos años y la multa fue pagada por los condenados. El perdón gubernamental, sin embargo, evitó la expulsión del Ejército que comportaba la pena de inhabilitación.