El juez investiga al jefe de seguridad de Iberdrola por los contratos con Villarejo

Según han confirmado fuentes jurídicas, el magistrado investiga a Asenjo por delitos de cohecho y revelación de secretos en el marco de la pieza 17 de la 'operación Tándem'. Una causa que indaga los servicios parapoliciales y de gestión de crisis llevados a cabo por empresas de Villarejo durante años a su nutrida cartera de clientes.

El instructor, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tenía en mente interrogar a Asenjo la próxima semana, pero con toda probabilidad esta comparecencia se retrasará debido a una reciente intervención quirúrgica del encausado que le impide desplazarse hasta el tribunal central. Asenjo lleva 18 años trabajando para la compañía, en 2006 asumió la jefatura de seguridad de la multinacional y antes fue policía nacional como Villarejo.

La estrategia procesal era agilizar la instrucción de esta pieza secreta los días 3 y el 4 de diciembre, cuando el juez tiene previsto citar a Villarejo y a su socio, el abogado Rafael Redondo, para preguntarles por los contratos suscritos con Iberdrola. Pero la imposibilidad de escuchar a Asenjo dejaría a medias el avance de estas pesquisas abiertas a finales de octubre.

Hace escasas semanas, el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, decidió personarse en calidad de acusación particular después de que los medios digitales El Confidencial y Moncloa.com publicaran que Iberdrola contrató a Villarejo para chantajearlo y frenar la intención de la constructora de estar en el consejo de administración de la eléctrica. Pérez compareció por estos hechos en calidad de testigo el pasado 14 de noviembre.

Entonces, la compañía explicó que trataban de ejercitar acciones penales y civiles contra los que resulten responsables de dichos actos, «entre los que podrían estar incluidos, según el contenido de dichas informaciones, el presidente de Iberdrola (José Ignacio Sánchez Galán) y la gente de su entorno que haya participado, el propio comisario Villarejo y los medios de comunicación que hayan podido servir de instrumento a esta actividad delictiva«.

Se refería el comunicado, de forma implícita, a los citados medios de comunicación. En el caso de Moncloa.com, el juez investiga a su propietario por un delito de extorsión en otra pieza separada. La decisión llegó después de que Pérez declarase en el juzgado que Alejandro Suárez, dueño del portal, le pidiese inversiones publicitarias a cambio de no publicar la información que tenía sobre el presunto espionaje de Villarejo para Iberdrola.

Es notorio que este diario y El Confindencial comparten la información que se va conociendo a partir de audios grabados por Villarejo. Por este motivo, el juez ya ha remitido un oficio a sendos medios para que cesen de publicar su contenido para no entorpecer la investigación de la Policía Judicial. Entre otras noticias, han difundido que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.

Iberdrola reconoció que dos investigaciones internas, abiertas en noviembre de 2018 y otra en julio de 2019, concluyeron que se había contratado a Villarejo entre 2004 y 2017 para 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa. Además, concluyeron, según Iberdrola, que en el proceso de contratación y posterior pago de dichos trabajos se habían aplicado correctamente todos los controles y procedimientos internos.

No obstante, para contrarrestar los graves perjuicios a su reputación, la energética anunció a posteriori que había decidido abrir una «nueva y exhaustiva» auditoría interna para tratar de esclarecer la veracidad de las últimas informaciones publicadas sobre Villarejo y si se había incumplido el código ético interno.