Las políticas de Igualdad, epicentro de las tensiones en el Gobierno

La primera de estas líneas rojas se cruzó un mes después de la investidura de Pedro Sánchez. Unidas Podemos había asumido abiertamente que iba a tener que «tragar sapos» –como afirmó Pablo Iglesias– para compensar su posición de minoría en la coalición mientras en las dos alas del Gobierno se defendía que las discrepancias debían quedar de puertas para adentro. «Lo que pasa en el Consejo de Ministros, queda en el Consejo de Ministros», defendían. Pero la paz se vio interrumpida cuando desde el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, se quiso acelerar la tramitación de la ley de libertades sexuales antes de las marchas por el 8-M.

Llevar el 'solo sí es sí' al Código Penal en el marco de una ley integral era uno de los puntos del acuerdo que el PSOE y Unidas Podemos incluyeron en el programa de Gobierno que los dos socios firmaron a comienzos de enero. Ambas formaciones llevaban meses proponiendo y trabajando en propuestas similares. Así que la aprobación de esta ley parecía un paso lógico y sin tensiones para el Ejecutivo.

Pero el debate por el anteproyecto de ley acabó derivando en un conflicto en el que se mezclaron feminismo y política. Un 'tour de force' entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo (de cuyo ministerio fueron desgajadas las competencias de Igualdad para ofrecérselas a los morados), e Irene Montero. Los socialistas deslizaron que el documento propuesto era «deficiente», mientras que e Pablo Iglesias llegó a insinuar que detrás de las objeciones técnicas que ministerios como el de Justicia habían hecho a la norma hubo «mucho machismo».

Un año después, y con esa norma bloqueada entre informes del Poder Judicial y discusiones internas, se produjo la primera ruptura entre el PSOE y Unidas Podemos en una votación importante en el Congreso, al margen de sus discrepancias habituales en asuntos relacionados con la Monarquía o la regulación de precios del alquiler.

Los socialistas presentaron la semana pasada la llamada 'ley Zerolo', sin acuerdo con Unidas Podemos tras unas negociaciones que han durado siete meses, para hacer valer su control sobre ese área de gestión: la discriminación por identidad sexual, lengua o enfermedad (hasta ahora la Constitución recoge los casos por sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias y orientación sexual).

Los de Iglesias percibieron esta maniobra como una «deslealtad» que obstruía otros proyectos de Igualdad como la 'ley Trans' o la 'ley LGTBi', cuestionados por algunos dirigentes socialistas y que Montero esperaba llevar al Consejo de Ministros de este martes.

Los morados llegaron a maniobrar para tratar de arrastrar a otros partidos, como ERC, a votar en contra de la admisión a trámite de la 'ley Zerolo' y así tumbarla. Unidas Podemos se abstuvo, pero el anteproyecto siguió adelante con comodidad porque también lo hizo el PP.

Desde Unidas Podemos se justificaron alegando que la legislación en el área de Igualdad es competencia suya. «Sí hay ruido es porque el PSOEincumple el pacto de Gobierno. Los socialistas controlan las áreas más importantes del Gobierno, al menos no deberían obstruir las pocas competencias que tenemos. Nos las quitan», lamentaban fuentes del partido a este periódico. Sin embargo los socialistas consideraron este movimiento parlamentario como «una línea roja» que sus socios han sobrepasado.