Iglesias quiere recuperar su condición de perjudicado en el caso 'Dina'

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Iglesias carga contra el juez instructor Manuel García-Castellón al entender que cuando en mayo retiró esa condición de perjudicado a su defendido, se hizo siguiendo «la hipótesis del juzgador» que es «ajena a la naturaleza de la presente causa» y «carecía de elemento indiciario alguno del supuesto daño a la tarjeta».

En junio, el magistrado argumentó esa pérdida de la condición de perjudicado, señalando que a medida que evolucionaba la instrucción y con la aportación de datos nuevos, el escenario había cambiado. En este sentido, apuntaba que el líder de Podemos tuvo en su poder la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham desde el 20 de enero de 2016 y que ocultó este extremo a Bousselham durante meses.

García-Castellón entiende que, al no devolverle a su propietaria la tarjeta de memoria del teléfono sustraído durante un periodo de tiempo indeterminado, esto tuvo consecuencias «en el esclarecimiento de los hechos investigados». Además, resaltaba que la información sustraída no se ha encontrado en dispositivos en poder del comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, anteriores al 14 de abril de 2016.

Pero la defensa de Iglesias se apoya ahora en dos documentos recientes para intentar recuperar la condición de perjudicados en la causa. Por un lado, explican que la testifical del responsable de la empresa 'Recuperación Express', Arron James Evans, deja patente que cuando recibieron la tarjeta en 2017 para recuperar sus datos, ésta «no presentaba daños».

Ese encargo a la empresa radicada en Gales fue solicitado por la pareja de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira. Y ahora, en la declaración del responsable solicitada por García-Castellón, este sostiene que la momoria SD les llegó «físicamente intacta» y que no presentaba cortocircuitos, si bien «no era accesible» usando el software especializado en recuperación de datos.

Además, sobre los trabajos que hicieron en la tarjeta, explicaban que eliminaron el revestimiento de plástico que cubre los contactos o pines y que por ende quedaron expuestas las filas de pines.

A este documento, la defensa de Iglesias suma el informe policial del 12 de agosto en el que se apunta que esa tarjeta presenta daños en la parte posterior izquierda producidos por el lijado de la cubierta protectora, y que sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria, una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento.

Por eso, la defensa de Iglesias indica que si bien dado el actual estado de la tarjeta no se puede precisar si existía daño alguno previo, «sí ha quedado acreditado que la supuesta destrucción externa era ajena a la tesis del instructor que la consideró base y elemento para la retirada de la condición de perjudicado de esta parte y parte de los motivos del presente recurso de apelación».

Pero van más allá y aseveran que todos los elementos indiciarios que se van aportando, «pese a la actividad instructora absolutamente ajena a cómo apareció copia del teléfono sustraído con base en archivos de fecha diciembre de 2015», vuelven a situar la causa en el previo momento de haberse reconocido la condición de perjudicado de Iglesias.

Y se remiten al informe policial de 13 de enero de 2020 en el que se explicaba que los datos encontrados eran copia de otros de fecha de diciembre de 2015 (previo a que Iglesias tuviera en su poder la tarjeta). Y ahondan en que las capturas de pantalla contenidas en esos archivos «son idénticas a las publicadas» en diferentes medios, y que datos contenidos en esos archivos aparecieron en el denominado Informe PISA, con el que «se pretendía desacreditar a Iglesias».