Iglesias se abre hueco en la crisis del COVID-19 tras los disensos en el Gobierno

Los socios de Gobierno del PSOE habían tenido hasta hoy mismo, cuando Pablo Iglesias compareció en la Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, poca visibilidad en esta crisis sanitaria. Las cuatro personas en las que Pedro Sánchez ha delegado la gestión durante el tiempo que dure el estado de alarma –Illa a la cabeza pero también la ministra de Defensa, Margarita Robles; el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Transportes, José Luis Ábalos– son socialistas y el propio jefe del Ejecutivo, que en los últimos meses apenas había ofrecido ruedas de prensa, ha asumido casi todo el protagonismo.

La situación tenía en cierto modo intranquilos a los dirigentes de Unidas Podemos, que se atribuyen el mérito de algunas de las medidas más sociales aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado martes y que, desde el principio de la legislatura, luchan por evitar que, en términos electorales, el pez grande se coma al chico, es decir, que sea el PSOE quien capitalice toda la acción de Gobierno. Eso explica tanto la presencia de Iglesias en el Consejo de Ministros extraordinario del sábado, pese a haber anunciado que se pondría en cuarentena, como la campaña de comunicación desplegada en Facebook el martes para publicitar las medidas que se llevarán a cabo solo desde sus ministerios.

Este jueves, el vicepresidente segundo del Ejecutivo tuvo por fin ocasión de resarcirse con una intervención en la que no sólo volvió a explicar lo ya aprobado sino que también se esmeró en desplegar su argumentario frente a la crisis. Después de sus enfrentamientos, según algunas fuentes, con la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, partidarias de no excederse en el repunte del déficit y la deuda, defendió así que «hay que aprender de los errores de 2008», que es necesario enterrar «los dogmas de la austeridad fiscal» y que «hay que garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pagarán los de siempre y que esta vez sí van a contar con el apoyo del Estado».

Iglesias subrayó en varias ocasiones que ni el «escudo social» que pretende desplegar de su departamento, dotado con 600 millones de euros, ni el «plan de choque» completo anunciado por Sánchez el martes, la movilización de recursos públicos y privados por valor de 200.000 millones de euros (casi un 20% del PIB), serán «un punto y final».

Unidas Podemos lleva días reclamando la creación de una renta mínima vital, algo que forma parte del pacto de gobierno con el PSOE, e Iglesias dio a entender también que pretende conseguir que la moratoria para el pago de las hipotecas se extienda a los alquileres de las personas vulnerables o en riesgo de exclusión.

Entretanto, según explicó su departamento en un comunicado, asumirá por delegación de Sanidad la coordinación de las medidas asistenciales en las comunidades y entidades locales. De los 600 millones de euros que deberá gestionar, 300 corresponden a un Fondo Social Extraordinario para financiar las prestaciones básicas y los otros 300 millones están relacionados con la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit correspondiente 2019 en atención a la dependencia y servicios sociales.

Desde el lunes, además, pilota con el departamento de Robles un plan para alojar a las personas sin techo. «No imaginaba –alegó este jueves– que una de las primeras preocupaciones de la ministra de Defensa pudieran ser la personas sin hogar; me emociona y es un orgullo trabajar a su lado».