Hacienda mantendrá abierta la investigación al rey emérito aunque el fiscal archive la suya

María Jesús Montero precisó que no se refería al caso de ningún ciudadano en particular porque no puede hacerlo debido a su condición de máxima responsable de Hacienda. Explicó que hacía un reflexión a «nivel general» sin referirse a «ningún expediente concreto ni a ninguna persona concreta». Hecho este preámbulo, dijo que «se están suponiendo muchas cosas respecto a cómo se tramitan los expedientes» abiertos por la Agencia Tributaria al exjefe del Estado.

Esa investigación, aclaró María Jesús Montero, no se cierra por lo que pueda decidir la Fiscalía del Tribunal Supremo, que al parecer va a archivar sus pesquisas. «Una cuestión -prosiguió la ministra- es el auxilio judicial (que prestó la Agencia Tributaria a la Fiscalía) y otra cuestión distinta son las averiguaciones para la comprobación de que una regularización es completa y es veraz».

Montero precisó que son dos investigaciones distintas y tienen «otro ritmo. Y, por tanto, no necesariamente ambos ritmos coinciden». Y aunque no lo dijo, no tienen por qué llegar a las mismas conclusiones.

La Agencia Tributaria se limitó a auxiliar a la Fiscalía en su petición de informaciones sobre las regularizaciones del rey emérito. Si el Ministerio Público llega a la conclusión de que no hay nada irregular, que es lo que se deduce si cierra la investigación, no implica que Hacienda tenga que suscribir su criterio. La investigación en la Agencia Tributaria prosigue y todavía no hay un resultado definitivo sobre si las regularizaciones fueron veraces, espontáneas y completas, los tres requisitos que establece la ley para que sean correctas.

El horizonte fiscal de Juan Carlos de Borbón, por tanto, está lejos de despejarse pues cabe la posibilidad de que la Agencia Tributaria considere que hay indicios de delito en su conducta aunque la Fiscalía haya dado carpetazo penal al asunto.

El exjefe del Estado pagó en diciembre a Hacienda 678.393 euros por gastos con tarjetas de crédito financiadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause para compras privadas suyas y de su familia. Dos meses después, desembolsó 4,4 millones de euros por los viajes sufragados por la fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans.

Hizo ambas regularizaciones después de que la Fiscalía del Supremo informara a su abogado de la existencia de investigaciones sobre esos gastos. Un aviso que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, pondría en duda la espontaneidad de las regularizaciones. Si la Agencia Tributaria concluye en su investigación que no se ajustaron a la ley puede presentar una denuncia ante los tribunales por delito fiscal u otro tipo penal.

El mensaje de Hacienda llega el mismo día en que desde el entorno del exjefe del Estado comentaron la posibilidad de que regrese a España una vez que la Fiscalía archive sus investigaciones. Sería, en todo caso, una visita fugaz, sin alojarse en la Zarzuela y supeditada a la autorización de su hijo, Felipe VI.

Los planes del rey emérito, según su círculo cercano, serían abandonar la capital emiratí, Abu Dabi, para instalarse en un país más cercano. Juan Carlos de Borbón ha mostrado sus preferencias por Portugal.