Guerra de comisiones de investigación

La legislatura apenas tiene diez meses de vida y, en este tiempo, las fuerzas políticas han llevado a la Cámara baja 17 peticiones de investigación parlamentaria. Se trata de una cifra considerable si se tiene en cuenta que en el periodo comprendido entre 2016 y 2019 fueron poco más de 30. De las actuales, siete, en todo caso, están relacionadas con un mismo asunto, las actividades de Juan Carlos I, y, aunque se han presentado con distintas formulaciones para intentar superar los primeros trámites en el Congreso, todas, menos una, han sido inadmitidas. La restante está bloqueada en la Junta de Portavoces.

En el último mes, sin embargo, las solicitudes de comisión parecen cruzarse entre partidos. Asuntos judicializados, como la imputación de Podemos en la causa que investiga su financiación o la citación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el presunto espionaje a Luis Bárcenas, han llegado al registro del Congreso.

El 21 de agosto fue el PP el que abogó por que se revisara en la Cámara baja el caso sobre las cuentas de Podemos. «Las causas judiciales se resolverán, pero las responsabilidades políticas deben dirimirse en el ámbito que nuestra Constitución diseñó, las Cortes Generales», defendieron los populares en su solicitud de comisión. La formación conservadora vio en este asunto, que afecta a la organización de Pablo Iglesias, un motivo de presión a Pedro Sánchez:«Ahora forma parte del Gobierno un partido investigado por presunta corrupción».

Veinte días después, sin embargo, la 'operación Kitchen' dio a PSOE y Unidas Podemos la oportunidad de poner el foco en los populares. Ambas formaciones promovieron otra comisión para investigar, en este caso, la supuesta utilización de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentación comprometida. Los trámites, esta vez, se han solventado con agilidad.

El pleno del Congreso debatirá este mismo jueves la creación de un órgano parlamentario para abordar el asunto 'Kitchen'. Y la propuesta cuenta con apoyos suficientes, incluido el de Ciudadanos, para salir adelante. En las filas conservadoras denuncian, mientras tanto, que se trata de un ejercicio de «persecución» a la oposición y censuran que, en cambio, la financiación de Podemos no vaya a ser objeto de debate por la negativa de los socialistas y del partido de Pablo Iglesias a que una comisión de investigación analice lo ocurrido.

El artículo 52

La batalla parlamentaria, sin embargo, no ha cesado. El 14 de septiembre, Pablo Casado recuperó su propuesta de que el Congreso analice la gestión de la pandemia. Pero esta comisión, de carácter mixto, compuesta por diputados y senadores, no parece contar, por ahora, con los votos necesarios para prosperar. Los populares se aferran al artículo 52 del Reglamento de la Cámara, que recoge que los órganos de investigación pueden constituirse «sobre cualquier asunto de interés general». Y, tal y como lo ven, el modo en el que el Gobierno ha afrontado la emergencia sanitaria lo es.

Pero el planteamiento del PP no está disociado de la exigencia de responsabilidades políticas. Y el PSOE ha respondido esta semana en el Senado con otra propuesta y con otro enfoque, la de un órgano que evalúe el impacto de la pandemia.

El recurso de las comisiones de investigación no es, en todo caso, exclusivo de las Cortes Generales ni de uno u otro partido. También en los parlamentos autonómicos se han registrado iniciativas, algunas focalizadas en la incidencia de la covid-19 en residencias.

El Gobierno de Castilla y León intentó hace una semana romper la dinámica. Recogió la propuesta de un grupo de científicos españoles en la revista 'The Lancet' y pidió a Sanidad encargar una auditoría independiente y externa que, lejos de la pugna partidista, arroje luz sobre los fallos en la respuesta al virus.