La Guardia Civil zanja que Sanidad era consciente del «riesgo» del virus desde enero

La Policía Judicial afirma que el principal «dato de interés» del interrogatorio de responsables del ministerio es la «prontitud» con la que éstos «apreciaron la importancia de posibles riesgos derivados de la Covid-19». Según los investigadores, el Gobierno era consciente del peligro de la transmisión del virus en España casi dos meses antes de la marcha feminista, hasta el punto de que «ya en enero de 2020» Sanidad «emitió «protocolos específicos e informaciones de distinto orden» para, entre otros asuntos, comenzar «el control de distintos pasajeros en fronteras» y hacer videoconferencias internacionales para tratar el tema de la epidemia.

Además, sostiene la Guardia Civil, en febrero de 2020, Sanidad envió de forma «masiva» a través de los correos electrónicos corporativos «recomendaciones» a todos sus trabajadores para extremar la autoprotección ante el virus. Ese protocolo, afirma el informe, fue elaborado por el departamento de prevención de riesgos laborales del ministerio.

El atestado, de 295 páginas y al que ha tenido acceso este periódico, será probablemente el último que reciba Rodríguez-Medel antes de interrogar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que declarará como imputado por prevaricación el próximo 10 de junio. Precisamente, los agentes en este mismo informe de «ampliación de diligencias» y tras volver a analizar multitud de noticias de prensa, sostienen que a estas alturas de la investigación está «acreditado» el «conocimiento, por parte de los máximos responsables de la Delegación del Gobierno en Madrid, de los riesgos relacionados con el Covid-19» tres semanas antes de autorizar la celebración de la manifestación feminista.

Los investigadores relatan que el propio jefe del servicio de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno ha admitido en los interrogatorios que «a principios de febrero de 2020» empezaron a recibir información relacionada con el Covid-19 y que durante los días siguientes se sucedieron las reuniones, algunas a instancias de los sindicatos, para poner en marcha inicativas de autoprotección que «incluían medidas de higiene y de distanciamiento social de 1 a 2 metros». El 28 de febrero ya había un protocolo interno insistiendo en la necesidad de la separación entre personas, que se distribuyó de manera masiva entre el personal de la delegación el 2 de marzo.

En el informe se recogen también las declaraciones de responsables del Departamento de Seguridad Ciudadana de la delegación, la unidad responsable de canalizar las peticiones de manifestaciones. La Guardia Civil revela que a partir del 11 de marzo empezaron a realizar llamadas telefónicas a los convocantes de manifestaciones futuras «con la intención de que procedieran a suspenderlas o a cancelarlas» por el riesgo de contagio. Los agentes concluyen que la Delegación del Gobierno «utilizó mecanismos inductores y alternativos que quedan fuera de lo preceptuado en la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, en cuanto a la forma jurídico administrativa de cómo deben suspenderse».

Los agentes además en su informe se muestran muy críticos con Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), hasta el punto de insinuar que les está hurtando información. Afirman que la «imprecisión» y los retrasos en facilitar la información requerida por parte de Simón al instituto armado, «hacen que se pierdan datos fundamentales para la obtención de conclusiones».

Por el momento, la juez Rodríguez-Medel ha rechazado en dos ocasiones imputar a Fernando Simón, lo que no impide que la Guardia Civil, a la vista de este informe, le siga teniendo en su punto de mira. De hecho, le dedican un extenso apartado e incluyen un documento para intentar incriminarle. Se trata de un informe de la institución que dirige fechado el 27 de febrero y titulado «Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus». En ese dossier, el equipo de Simón hablaba de la necesidad de poner el foco en personas «asintomáticas» que pudieran haber tenido contactos con infectados y se recomendaba «limitar las actividades sociales» y los «viajes no esenciales» de esas personas.

«En el caso de las concentraciones celebradas entre los días 5 y 14 de marzo de 2020, con gran afluencia de personas, no se realizó ningún control preventivo para determinar si las personas (participantes) cumplían dichos criterios (no haber estado en contacto con contagiados)», denuncia la Guardia Civil.

«A fecha 27 de febrero, el CCAES disponía de información de un posible contagio entre personas asintomáticas»; asegura tajante la Guardia Civil , que insiste Sanidad sabía que el riesgo de contagio era alto porque consideraba «contacto estrecho» a cualquier persona que hubiera estado a menos de dos metros de un infectado.

Este nuevo atestado incluye igualmente como prueba el vídeo hecho público por ABC esta semana en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una charla off the record con una periodista de la televisión vasca EITB reconocía que el pinchazo en la manifestación feminista había sido por el temor a la Covid y que ella misma había sentido miedo cuando la gente le besaba y abrazaba durante la marcha. Los agentes del instituto armado incluyen trascrito íntegro el diálogo de la dirigente de Podemos.