Un guardia civil se enfrenta a prisión por discutir con su superior

Todo ocurrió en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan. Un cabo primero perteneciente a la agrupación de Tráfico realizaba tareas administrativas sobre un vehículo aparcado en la vía pública, perteneciente al acusado. En concreto, supervisaba si había pasado la ITV y, al ver que no tenía, se puso en contacto con la centralita para conocer la identidad del propietario. Al informarle de que era un compañero de Tráfico pidió su teléfono y contactó con él. Le requirió su presencia física de inmediato, pero el afectado le explicó que estaba fuera de servicio y que no podía acudir en ese momento. En cualquier caso, éste añadió que si lo consideraba oportuno le multase para zanjar el asunto.

Pero la cosa no quedó ahí. Las explicaciones no le parecieron suficientes al cabo primero, que volvió a insistir en que se presentara bajo amenaza de apercibimiento. Entonces, el agente finalmente accedió. Al llegar el superior le conminó a conversar a distancia de los testigos presenciales. La tensión era elocuente. Pero todo parecía haber quedado ahí, en un caletón sin más.

Nueve meses después, para sorpresa del acusado, le llegó una notificación interna: le habían abierto un expediente disciplinario por falta grave. Pero faltaba una noticia aún peor: tras pasar por las manos del jefe de la Comandancia de León y del general de zona el caso se derivaba a la jurisdicción militar. Comenzaba su vía crucis particular hasta el juicio oral de este viernes en A Coruña, donde se encuentra el Tribunal Militar Territorial de la región noroeste.

La calificación que hace el fiscal castrense, dos delitos por insultos y amenazas a un superior, le enviarán a prisión en caso de una condena, lo que truncará su carrera en el instituto armado.

La dureza punitiva del Código Penal castrense es tan elocuente que el insulto al superior puede llegar a los 4 años como máximo de prisión, mientras que el acoso laboral al subordinado no supera los tres años. «Se trata de una interpetación extensiva y desorbitada de un castigo por una mera discusión entre dos agentes», comenta a este periódico un compañero del acusado.

«Estamos ante una situación de remilitarización de la Guardia Civil y de una involución en los derechos de ciudadanía de los guardias, coincidente con la llegada a la Dirección General de María Gámez«, denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en una nota.

Pero hay más precedentes similares: en junio se procesó a tres agentes en Sevilla por la difusión de unos audios de un chat privado de WhatsApp que acabaron en manos de un capitán. Se criticaba las actuaciones de dos oficiales durante los inicios del estado de alarma, pero la Fiscalía militar también ha pedido prisión para ellos por un delito de insulto a un superior.