De héroe a villano, y viceversa

Dicen sus detractores por la derecha que es el 'independiente' menos independiente que ha pasado nunca por la política española. Que es imposible ser más del PSOE aun teniendo el carnet socialista. Pero esos -hoy- detractores eran quienes hasta hace dos años le jaleaban por ser uno de los jueces que más agradaba al ala más conservadora del palacio de la Carrera de San Jerónimo. Para la derecha, Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) ha pasado de héroe a villano en menos de dos años. Para la izquierda, la misma que puso el grito en el cielo cuando Pedro Sánchez nombró como ministro de Interior al juez que exoneró de cualquier responsabilidad al equipo de Trillo por el accidente del Yak-42, su tránsito ha sido justo el opuesto y ahora eleva a los altares al magistrado otrora maldito.

Sea como fuere, de lo que Marlaska sí que hace gala es de la fe del converso. Desde su llegada a la sede del Paseo de la Castellana 5, a su despacho de Interior, se ha hecho perdonar sobradamente esos 'pecadillos' que la parroquia socialista sacó a relucir cuando el dedo de Sánchez se posó en él a las pocas horas de ganar la moción de censura, hace ahora dos años.

El 'nuevo Jorge Verstrynge' de la política patria, que como el expolítico de AP se ha convertido en látigo inquisidor contra la derecha, era sin embargo hace exactamente 14 años la peor pesadilla del PSOE cuando se empeñó en investigar el 'chivatazo' a ETA en el bar Faisán. Todo ha cambiado mucho desde entonces. Sobre todo, él. El mismo Grande-Marlaska que esta semana corta cabezas en la Guardia Civil por no facilitarle información sobre la investigación judicial sobre el 8-M y la expansión del coronavirus, era el juez que amenazaba poco menos que con la excomunión a los agentes del instituto armado si informaban al Ministerio del Interior socialista sobre sus pesquisas sobre el 'soplo' del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a ETA.

En mayo de 2020 parece imposible siquiera imaginar que el juez que llegó al CGPJ a propuesta del PP y del que se dijo que estuvo en la cabeza de Rajoy para fiscal general se haya trasmutado ahora en el anticristo para ese mismo partido. Y, sobre todo, que se haya convertido en un demonio para la misma Guardia Civil que en verano de 2008 desarticuló el 'comando Vizcaya' de ETA que había planeado asesinar a Grande-Marlaska durante sus vacaciones en La Rioja.

El abismo abierto entre el Ministerio del Interior y el instituto armado no tiene precedentes. Ese cisma se ha agrandado hasta límites insospechados esta semana a cuenta de la investigación sobre las presuntas responsabilidades del Ejecutivo socialista en la expansión del coronavirus. Fulminar a un personaje tan valorado en la institución como el coronel Diego Pérez de los Cobos, conseguir que te dimita el número dos del cuerpo solo días antes de su jubilación y destituir al número tres de la Benemérita (y todo ello en menos de 48 horas y en pleno estado de alarma) es un récord que solo puede arrogarse el ministro que aseguraba en los momentos más duros de la pandemia en una entrevista a este periódico que «este Gobierno no tiene ningún motivo para arrepentirse de nada».

Pero lo de Grande-Marlaska con la Guardia Civil venía de antes de la crisis sanitaria. Antes incluso de que el fiel general José Manuel Santiago revelara que Interior había ordenado a la institución «minimizar el clima contrario» a la gestión del Gobierno sobre la pandemia. El conflicto del ministro con la 'casa verde' que ha desembocado en la mayor crisis institucional que se recuerda en Interior empezó desde el principio, cuando Grande-Marlaska, fiel al estilo de ordeno y mando que tanto desagradaba a sus subordinados en los juzgados de la calle Génova, se laminó al poco de llegar a Interior (en agosto de 2018) al coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la todopoderosa Unidad Central Operativa (UCO), azote de la corrupción y equipo de élite con casos resueltos como el de Diana Quer o el niño Gabriel.

Interior alegó entonces que el motivo de la destitución fue la «pérdida de confianza» porque Corbí, por su cuenta y riesgo, había ordenado a la UCO no operar hasta que el nuevo Gobierno no les hiciera llegar nuevas partidas de fondos reservados. Esa fue la versión oficial. En las salas de banderas se dijo que Marlaska aprovechó la primera excusa para fulminar a Corbí como pago a los socios de Sánchez en la moción de censura, quienes exigieron su cabeza por la condena por torturas durante su paso por el País Vasco. Se da la circunstancia de que fue Sánchez Corbí quien dirigió la investigación que en 2008 desbarató el intento de ETA de asesinar a Marlaska.

Todavía se recuerda en la Guardia Civil al juez metido a ministro -con poca mano izquierda- cuando abroncó en septiembre del pasado año a lo más granado de los servicios antiterroristas del cuerpo por no haberle avisado de la trascendencia de la operación contra los CDR catalanes a los que la Audiencia Nacional acabó acusando de terrorismo.

Aquella operación, de nombre 'Judas' y que tuvo lugar en vísperas del segundo aniversario del 1-0, pareció molestar tanto a Grande-Marlaska que el departamento desde el principio se esmeró en quitarle importancia. El carismático general Pedro Garrido, el jefe de la VII Zona de la Guardia Civil de Cataluña, le devolvió el desprecio al ministro poco después, en octubre del año pasado. Mientras Grande-Marlaska se desvivía por templar los ánimos con el Govern a pocos días de unas nuevas elecciones, Garrido en un discurso público ante todos los mandos policiales de la comunidad dijo que la «revolución de las sonrisas» de los independentistas se había tornado en «odio y mezquindad». Marlaska saltó de su asiento, pero con Garrido no se atrevió ni a encararse ni a destituirle. O, al menos, no por ahora.

Su gestión en Interior está tan marcada por el ruido del conflicto con la Guardia Civil que estas polémicas han puesto sordina al otro gran escándalo de su mandato: el de un máximo responsable de las fuerzas de seguridad del país arengando a las masas públicamente horas antes de la manifestación del Orgullo de julio de 2019 para que la decisión de Ciudadanos de participar en acuerdos de gobierno con Vox tuviera «consecuencias». Aquel llamamiento acabó con coacciones, empujones y escupitajos a los representantes de Ciudadanos y con la sospecha de que la larga mano del Ministerio del Interior intervino para que los informes de la Jefatura de Madrid rebajaran lo ocurrido durante aquella manifestación a simples lanzamientos «aislados» de botellas de aguas vacías.

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