Granados y López Madrid se quedaron con medio millón de la 'caja B' del PP

Sin embargo, Granados hacía gala también de un «afán de enriquecimiento» desmesurado, según relata el auto que investiga a Aguirre, y por el camino de esos trabajos de cobrador se quedó con cerca de medio millón de euros.

Condenado en firme a dos años de prisión por la primera de las 11 pieza de 'Púnica', la relativa al 'chivatazo' de un guardia civil sobre la investigación judicial en marcha, el juez describe cómo Granados «no hizo llegar» todo el dinero recaudado al investigado Beltrán Gutiérrez, quien era tesorero del PP de Madrid.

Para ello, el exconsejero «concertó» con los investigados Ignacio Palacios, su exjefe de gabinete, y el empresario Javier López Madrid (OHL), desviar parte del efectivo a sus bolsillos. Su amistad se ceñía a las regulares aportaciones que hizo la constructora de Juan Miguel Villar Mir al partido de Aguirre, la «ideóloga» del sistema de financiación, según el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

En concreto, detalla que OHL hizo cinco aportaciones de entre 300.000 y 410.000 euros en los meses previos a las elecciones autonómicas de 2011. La suma total llegó a 1.910.000 euros, pero el tesorero popular recibió 1.460.000. Este hecho lo acreditaría la agenda encontrada en casa de Granados con anotaciones de entradas y salidas de dinero.

Sobre la constructora, el magistrado recuerda en su resolución que al intervenir en este proceso contravino la prohibición de aportar a las cuentas electorales de los partidos fondos procedentes de la Administración (artículo 128 de la Ley Orgánica Electoral General).

En otra de las piezas del 'caso Púnica', la relativa a los contratos de la empresa energética Cofely, el juez ha dado a conocer una resolución en la que asegura que c inco exalcaldes de municipios madrileños, tres del PP, uno del PSOE y otro de un partido independiente, se podrían haber repartido presuntamente un millón de euros con contratos millonarios «amañados» de eficiencia energética, cuyo dinero retornaba a los responsables políticos que habían impulsado las licitaciones.

«Estos contratos incluían cláusulas que obligaban a la compañía a abonar partidas sospechosas a terceras empresas», recoge el auto, que añade que supuestamente eran gastos generados por «los trabajos que había necesitado el departamento de 'back office' para poder llegar a ganar esa adjudicación» y que eran «conceptos ficticios» con «la finalidad de desviar fondos».

Las 'auditorías' eran abonadas a Ruta Energética, mercantil vinculada a David Marjaliza, cerebro empresarial de 'Púnica' arrepentido, y a Consultoría Lumínica, mediante «facturas falsas justificadas por capítulos ficticios». Después, el empresario repartía el dinero a entonces alcaldes: 30.000 euros a Carlos Alberto Estrada (PP), Moraleja de Enmedio; 60.000 a Bartolomé González (PP), Alcalá de Henares; 25.000 a Antonio Sánchez, Serranillos del Valle; 400.000 «comprometidos» a Agustín Juárez (PP), Collado Villalba; y 500.000 a José María Fraile (PSOE), de Parla.