El preacuerdo entre España y Reino Unido sobre el estatus de Gibraltar tras el 'brexit' se alcanzó el último día de 2020 cuando ya estaba a punto de vencer el plazo. «Un trabajo de orfebrería», como lo definió este miércoles la ministra de Asuntos Exteriores, ... Arancha González Laya, que compareció a petición propia en Comisión mixta para defender su contenido «tras 300 años de reivindicaciones y de ser ignorados».
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González Laya cifró en 8.000 millones el coste de no haber alcanzado un acuerdo, lo que también hubiera dado lugar «al único 'brexit' duro en toda la Unión Europea», en referencia a la frontera gibraltareña con España. «Sobre todo para el sector automovilístico, agroalimentario o químico. Para ninguno de estos sectores resultaba fácil encontrar mercados sustitutivos», detalló.
Según la titular de Exteriores, sin acuerdo «España hubiera perdido capacidad de influencia y control de este territorio al menos por una generación», mientras que lo que ocurre ahora es que «recupera protagonismo en los asuntos de Gibraltar» y «toma la iniciativa con un claro plan de futuro para la zona del Campo».
Entre las bondades que enumeró González Laya respecto al acuerdo, especificó el levantamiento de la verja, la inclusión de Gibraltar en el espacio Schengen, la participación española en los controles fronterizos del puerto y el aeropuerto del Peñón, así como el compromiso de las autoridades de la colonia de acogerse a la legislación europea sobre el IVA y los impuestos especiales
Mientras los partidos nacionalistas dan el visto bueno al acuerdo y Ciudadanos lo tilda de «pragmático», otros grupos parlamentarios como PP y Vox siguen recelando de su coste y afean al Gobierno que España no haya aprovechado la «oportunidad histórica» de presionar a Londres para ejercer la cosoberanía del peñón. «A ustedes les dan igual la soberanía y la bandera. Se renuncia a reclamar algo que veníamos reclamando desde 1714. Es un giro de 180 grados«», le reprochó el senador popular Rubén Moreno. En su opinión, el acuerdo no impedirá que Gibraltar siga siendo «un casi paraíso fiscal» que afecte a la economía de la región.
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Pero González Laya insistió en que el Gobierno «no ha renunciado ni s la soberanía ni a la cosoberanía» del Peñón y defendió que «España no se puede quedar otros 300 años ahí». La ministra prefirió «traducir» el hecho de aparcar estas demandas en «beneficios concretos» para ciudadanos y empresas.
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