La entrada clandestina del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado abril en España para tratarse de la covid-19 desencadenó la mayor crisis con Marruecos de la última década y ahora amenaza con salpicar al Gobierno. El juez de Zaragoza que investiga la ... trama, Rafael Lasala, ha citado como investigada a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya para que explique los detalles de esta operación. También ha llamado como testigos a la ex jefa de gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo y actual directora de la Fábrica Nacional de Moneda, María Isabel Valldecabres, y al ex secretario general técnico de Exteriores José María Muriel.
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La citación de González Laya ante el juez, que no tiene de momento fecha, se produce después de que su exjefe de gabinete Camilo Villarino declarara el pasado 13 de septiembre que recibió una llamada de la entonces titular de Asuntos Exteriores en la que le dio instrucciones para facilitar la entrada de Ghali en España sin necesidad de someterse al control de pasaportes. También aseguró que la exministra le pidió «máxima discreción» debido a que la divulgación pública del viaje podría originar un «perjuicio» a las relaciones internacionales del país. En su declaración ante el juez dijo creer que la decisión no la tomó ella sola.
Ghali aterrizó en Base Aérea de Zaragoza el 18 de abril sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí fue trasladado en una ambulancia al hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche para tratarse de la covid-19. El 2 de junio, después de que la crisis diplomática con Marruecos se hubiera agravado, el líder saharaui salió del país desde Pamplona. Dos semanas antes, más de 8.000 ciudadanos marroquíes habían cruzado la frontera con Ceuta ante la pasividad de las fuerzas de seguridad magrebíes.
González Laya siempre mantuvo que la acogida a Ghali se realizó por «motivos humanitarios», pero su gestión de la crisis fue criticada incluso dentro del Gobierno. Cuando Pedro Sánchez anunció el 10 de julio la reestructuración de su Consejo de Ministros, la titular de Asuntos Exteriores fue sustituida en el cargo por José Manuel Albares.
El Ejecutivo y los medios de comunicación del país vecino leyeron el cambio como un gesto positivo de Madrid para suavizar las tensiones con Rabat y la tensión fue decayendo paulatinamente. Ahora la situación ha dado un giro hacia la normalización y Albares se reunirá mañana en Nueva York con su homólogo marroquí.
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El juez investiga si se pudo cometer un presunto delito de prevaricación y encubrimiento por no someter a control de pasaportes a Ghali, una ilegalidad que rechaza la Abogacía del Estado, que ha pedido el archivo de la investigación. El Gobierno, por su parte, mostró este martes su disposición a colaborar. «En este asunto nuestro absoluto respeto con la Justicia y nuestro deseo de que se pueda resolver lo antes posible», señaló la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros.
Pero el PP cree que las instrucciones de la operación venían «de más arriba», aunque no pronuncia el nombre de Sánchez, y considera que con el cese de Laya se buscaba «matar al mensajero». Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamara, exigió este martes saber «quién es el señor X» que dio las instrucciones a la exministra de Exteriores para facilitar la entrada «ilegal» de Ghali y se le buscara un hospital en La Rioja, comunidad gobernada por el PSOE.
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El grupo popular ha solicitado ya la comparecencia en el Parlamento del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y también de José Manuel Albares. «Estamos sin duda alguna ante un grave escándalo que tuvo consecuencias, que es una profunda crisis diplomática con Marruecos», apuntó Gamarra.
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