González Laya declarará como imputada en el 'caso Ghali' el 4 de octubre

La exministra, cuya defensa correrá a cargo de la Abogacía del Estado, es investigada por el juez Rafael Lasala por un presunto delito de prevaricación por facilitar la supuesta entrada ilegal en españa de Ghali. Un episodio que desencadenó una seria crisis diplomática con Marruecos que se tradujo en la retirada de la embajadora en Madrid y la entrada masiva en Ceuta de más de 8.000 personas instigadas por las autoridades magrebíes. Enseguida todas las miradas se dirigieron a Laya como la responsable de 'caso Ghali'. Pedro Sánchez prescindió de sus servicios en la remodelación del Gobierno del pasado 10 de julio.

El exjefe gabinete de la que fuera principal responsable de la diplomacia española declaró el pasado 13 de septiembre ante el juez que actuó en todo momento a las órdenes de Laya. Camilo Villarino, cuyo nombramiento como embajador en Rusia se frustró por este caso, declaró que la exministra ordenó que el líder saharui entrara en España por la base aérea de Zaragoza, desde donde fue trasladado en ambulancia al hospital de Logroño con escolta policial. Laya le pidió, según su declaración ante el juez, que actuara con «discreción». Y así lo hizo ya que no informó de la identidad del viajero a los mandos militares de la base aérea.

A partir de ahí, las especulaciones y las informaciones contradictorias se dispararon. Desde que Ghali entró en España con un pasaporte diplomático argelino, el gran aliado del Frente Polisario en su conflicto con Marruecos por la excolonia española, a que ingresó con pasaporte español porque adquirió la ciudadanía en 2004.

La acusación particular que ejercen Antonio Urdiales, un abogado malagueño al que se atribuyen estrechos vínculo con las autoridades de Rabat, sostuvo en su escrito de denuncia que la decisión de autorizar la entrada de Ghali en España se acordó en un «consejillo de ministros» unos días antes del 18 de abril y en el que participaron el presidente del Gobierno, los entonces vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, además de los ministros de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa.

Por este motivo, Urdiales ha solicitado también la citación de Calvo. El juez instructor ha decidido esperar a escuchar la declaración de su exjefa de gabinete, Isabel Valldecabres, ahora directora de la Fábrica de Moneda y Timbre, antes de resolver si toma declaración a la exvicepresidenta. Lasala también ha llamado a Susana Crisóstomo, jefa de gabinete del ministro del Interior. Ambas estuvieron en contacto con Villarino para preparar la operación y están citadas el 18 de octubre.

El PP considera que el 'caso Ghali' es un «grandísimo escándalo» que se intentó «tapar» con la salida de Laya del Gobierno. El pasado martes, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, deslizó, en clara referencia a Pedro Sánchez, que es necesario conocer quién era el «señor X» que daba las instrucciones en la operación que permitió la entrada y salida de España del líder del Frente Polisario.

El presidente del Gobierno, preguntado sobre su participación, se limitó a responder en una conferencia de prensa en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas que España «hizo lo que debía, dar respuesta a esta cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, conforme a la ley». En la Moncloa dicen estar tranquilos porque no hay caso y ratifican que todo se hizo dentro de la legalidad.