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El Gobierno empieza el curso como acabó el anterior. Esto es, haciendo números y negociando a la carrera con los grupos parlamentarios para intentar sacar otra votación ajustada en el Congreso. La decisión del PP de votar en contra de la convalidación del decreto ley ... que impuso las primeras medidas de ahorro energético ha obligado a la Moncloa a redoblar sus esfuerzos con los socios habituales para conseguir sumar el jueves más síes que noes. Aunque a esta hora no tiene confirmados los apoyos. «Estamos ultimando las conversaciones con todos los grupos políticos», explicó este martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que volvió a elevar el tono contra el principal partido de la oposición por su actitud «obstruccionista» y «negacionista».
El Ejecutivo mantiene la presión sobre Alberto Núñez Feijóo al que acusa de responder con «frivolidad», «desidia» y «desconocimiento» al desafío de Vladimir Putin que quiere «utilizar el gas como arma de guerra» y del que lamentan su falta de compromiso con Bruselas y con las familias. Rodríguez recordó al líder gallego que con este decreto, y con el plan de contingencia que se aprobara en septiembre, se da respuesta a la «amenaza» del presidente ruso, además de cumplir con el compromiso de reducir el consumo de energía un 7%. Según los datos que maneja el Gobierno, con el real decreto ya se ha conseguido reducir en estas tres semanas el consumo energético en un 9,5%. «Las democracias tenemos que proteger a la ciudadanía y a las empresas frente a ese hombre de la guerra», insistió la portavoz tras el Consejo de Ministros.
En Moncloa creen que la negativa de los populares a respaldar el decreto energético es un error que les va a pasar factura porque no solo incluyen medidas en línea con lo que están haciendo los demás países europeos sino importantes ayudas para las becas a estudiantes, por ejemplo, o la gratuidad de los abonos de transportes de cercanías que dependen del Gobierno y la reducción hasta el 50% en los que dependen de las autonomías. Una rebaja en los abonos que el Ministerio de Transportes calcula podría ahorrar hasta 1.000 euros por familia durante los próximos seis meses. «Es el momento de sumar y de arrimar el hombro», instó al PP la ministra Raquel Sánchez.
Génova había condicionado su respaldo a la norma a que el Consejo de Ministros la corrijiese ayer y la despojase de todas las «frivolidades» que contiene, además de incluir algunas de sus propuestas. «Frivolidad es cómo ha respondido el PP», respondió Rodríguez que incidió en que la formación conservadora «ha tenido 23 días para leer el decreto y que ayer parecía desconocer». «Si quisieran otra cosa existen otros procedimientos parlamentarios», deslizó durante la rueda de prensa.
La también ministra de Política Territorial se refería así a la posibilidad de que el decreto se tramite como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan introducir cambios. Un comodín que el Ejecutivo ha ofrecido a sus socios en el pasado –lo hizo durante el primer decreto anticrisis en abril al ver que peligraba– y que habría puesto de nuevo sobre la mesa para tratar de convencerles.
Con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos y parte del Grupo Mixto, el Gobierno necesita de los diputados de Esquerra, PNV, EH Bildu y otros grupos minoritarios para asegurarse los números. Conscientes de esa situación, desde Moncloa se urgió ayer a estas formaciones a apoyar la convalidación porque «no se entendería», arguyó Rodríguez, que ningún grupo «pueda decir que 'no' a tener bonos gratuitos para familias y estudiantes».
El Ejecutivo tiene prácticamente amarrado el apoyo de Más País, Compromís y PRC, pero la verdadera incógnita por despejar será la de la posición final de los republicanos y las dos formaciones vascas que, hasta ahora, se han cuidado mucho de revelar cuál será el sentido de su voto para poner en valor sus apoyos. En cualquier caso, lo presumible, es que respalden el plan de ahorro energético de Pedro Sánchez y le eviten el primer tropiezo del Gobierno del curso.
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