El Gobierno pedirá una última prórroga de la alarma si logra los apoyos necesarios

El Gobierno avanza con más cautela que en otras ocasiones y consciente de la pérdida progresiva de respaldos en el Congreso para sostener el estado de alarma, una herramienta que sigue considerando importante para las restricciones de movilidad y a la que no quiere «renunciar» si «los indicadores sanitarios» aún exigen mantener los límites. En los últimos días, el Ejecutivo se ha esforzado por conservar la complicidad del PNV, después de que los nacionalistas se mostraran molestos y el lehendakari Iñigo Urkullu tildara de «desconcertante» el acuerdo con EH Bildu, que se produjo además en plena precampaña vasca. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó el domingo su confianza en poder seguir contando con esta formación. Ciudadanos, mientras tanto, clave para la aprobación de las dos anteriores prórrogas, se mantiene abierto a dialogar.

Para atraer a estos y otros partidos, en todo caso, el Gobierno apela a la «responsabilidad» de cada formación política. Montero fue explícita este martes, tras el Consejo de Ministros, al excluir de las conversaciones todo lo que no tenga que ver «con la salud de los ciudadanos». Un mensaje también para grupos como Esquerra, que reclamó la semana pasada fijar una fecha para retomar la mesa de diálogo sobre Cataluña.

En esta ocasión, la prórroga, con «modificaciones muy importantes», se pediría para dos semanas más, es decir, que estaría vigente hasta el 21 de junio, lo que supone que o bien la desescalada puede acelerarse en todo el territorio o algunas áreas, las que van más retrasadas no culminarían el proceso bajo la situación de excepcionalidad. El Ministerio de Sanidad ya se abrió el fin de semana a estudiar si es posible recortar los 14 días de permanencia entre fase y fase. Con ese cambio, la transición sería mucho más rápida de lo previsto. Algunas comunidades, incluso, podrían estar fuera del estado de alarma antes de que entrase en vigor la siguiente ampliación.

Calvo no detalló tanto en su intervención ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso, pero sí anticipó el plan B en caso de que los grupos no acepten extender el estado de alarma una última vez. El Gobierno, en ese escenario, «ordenará» en un decreto ley la legislación «generada» a través de «las órdenes ministeriales» para amparar a los territorios más rezagados, como ahora mismo es el caso de la Comunidad de Madrid, Castilla y Léon o Barcelona.

Además, de darse esa circunstancia, impulsará de urgencia alguna reforma de «la legislación básica» para responder a posibles rebrotes. En todo caso, la vicepresidenta instó a los partidos a reflexionar sobre este extremo para que el Ejecutivo tenga una herramienta alternativa a la alarma en el medio plazo.