El Gobierno salva 'in extremis' y por la mínima el decreto de los interinos

Una negociación agónica y hasta el último minuto logró que Unidas Podemos, primero, y Esquerra Republicana, después, accedieran a apoyar el decreto con el que el Ejecutivo pretende rebajar del 28% al 8% la temporalidad en la Administración Pública, el que más peligraba de los tres que se sometían a debate, entre otras cosas, porque hasta el socio minoritario de la coalición gubernamental lo miraba con recelo.

Sin el voto positivo de la formación independentista, junto a Más País y Compromís, y la abstención «crítica» del PNV, otro aliado habitual que esta vez no se mostraba muy receptivo al acuerdo, los números no habrían salido para los socialistas. De hecho, las cuentas estaban tan ajustadas que la luz verde llegó después de haber tenido que repetir la votación por un empate a 170 provocado por la decisión de la diputada de Podemos y médica Rosa Medel de expresar su descontento con la posición acordada por los suyos. El resultado final, a la segunda: 170 'síes', 169 'noes' (de PP, Vox, Ciudadanos, EH-Bildu, el PDeCAT, Junts, la CUP, UPN, Coalición Canaria, el BNG, y Foro Asturias) y 8 abstenciones.

De que lograr el giro de sus socios no fue fácil da cuenta el tono empleado por la portavoz de ERC, Pilar Valuguera, al subir a la tribuna. «Hemos cambiado de posición en cinco horas –admitió– y debemos una explicación a todas las personas que esperaban otro voto de nosotros». En primer lugar, el decreto se tramitará como proyecto de ley para ser modificado. Los partidos ya no se fían del Gobierno, que en otras ocasiones ha hecho esa mista promesa con otros textos para después alargar 'sine díe' el plazo de enmiendas, pero ahora el compromiso es que a mediados de octubre la nueva ley esté lista. «Vamos a ver la lealtad y sinceridad del grupo socialista» dijo Valuguera.

Entre los cambios que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, accedió a asumir respecto al texto pactado por su antecesor en la Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos mayoritarios, estarían la posibilidad de que las comunidades no otorguen carácter eliminatorio a las oposiciones que se convoquen para regularizar la situación de los trabajadores interinos o que se exima de esas oposiciones a los empleados públicos que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos diez años.

El reproche generalizado al decreto gubernamental, de hecho, no se refiere tanto a la solución que ofrece para que en el futuro no se vuelvan a generar grandes bolsas de interinos sino en la salida que se pone sobre la mesa para quienes llevan años empalmando contratos públicos temporales, los trabajadores precarios de la Administración. A derecha y a izquierda, todos los partidos de la Cámara coincidieron en que ahora se les va a hacer pagar por un pecado que no es suyo y criticaron la «hipocresía» o la «cicatería» de que se les pretenda compensar con una indemnización por despido de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses, lo mismo que dispone para el ámbito privado la reforma laboral que el Ejecutivo ha prometido derogar.

Ni este debate ni ninguno de los que tuvieron lugar en el intenso pleno de este miércoles fue, por otro lado, apacible para el Gobierno. Los socialistas sabían de antemano que ningún partido se opondría al decreto que rebaja el IVA de la luz del 21% al 10% justo en una jornada que volvió a registrar récords históricos en el precio del mercado mayorista pero eso no quiere decir que lo aplaudieran. Al revés, prácticamente todas las formaciones advirtieron de que la medida no pasa de ser un mero «parche» que no soluciona el problema de fondo e instaron a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica a actuar con diligencia.

El decreto que elimina la obligatoriedad de usar la mascarilla en espacios abiertos cuando no haya aglomeraciones y sea posible mantener las distancias de seguridad también salió adelante de manera holgada, con 180 'síes' frente a 90 'noes' y 78 abstenciones –entre ellas, la del PNV– pero eso no impidió que tanto los populares como Vox cargaran contra el Gobierno por, a su juicio, tomar decisiones de salud pública sin atender a más criterio que el de su interés político y no a razones sanitarias. Ambos partidos sostuvieron así que el decreto, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario dos día después de los indultos a los líderes del 'procés' solo buscaba crear una cortina de humo para distraer a la opinión pública.

Los nacionalistas vascos, que habían reclamado al Ejecutivo dar marcha atrás, evitaron finalmente situarse en el 'no', pero advirtieron del mensaje «irresponsable» que se manda a los ciudadanos en plena quinta ola de coronavirus.