El Gobierno de Sánchez empieza con mal pie

Sánchez, como es sabido, tuvo que dar marcha atrás en sus planes de posponer la mesa de diálogo, y aceptó que se reúna antes de que los catalanes voten. La idea inicial no era descabellada. Qué sentido tenía una reunión con unos consejeros que están de salida y sin apenas margen de actuación. Mejor reunirse con el nuevo Gobierno catalán. Pero en el tablero político en Barcelona manda la dialéctica entre Esquerra y JxCat, y en esa batalla la suspensión de la mesa dejaba a los republicanos a los pies de los caballos posconvergentes. El patinazo dejó a Sánchez desairado porque pudo evitarse con una sencilla consulta previa por los canales habituales entre la Moncloa y el PSOE con Esquerra.

El incidente ha sido el epítome de una deriva errática nada más darse el pistoletazo de de salida a la legislatura, con actuaciones sorprendentes e inexplicadas, dimisiones y encontronazos. Para la oposición todo es consecuencia de los peajes que debe pagar el Gobierno a sus socios de Podemos y Esquerra, pero los socialistas hacen otra lectura y achacan el desbarajuste al sello más personalista que nunca de Sánchez, a la influencia que ejerce el círculo más cerrado de la Moncloa y, también, apelan a la mala suerte.

Pablo Iglesias, en segundo plano, achaca la situación a «las lógicas disonancias» de un Gobierno de coalición que empieza a caminar. Sánchez, callado desde el 14 de enero, es consciente de que el Ejecutivo chirría y ha tomado dos decisiones para engrasarlo. El próximo fin de semana se encerrará con los 22 ministros en la finca toledana de Quintos de Mora «para estrechar lazos» en el primer Gobierno de coalición desde la Transición, explicaron desde la Moncloa. Más parece que el objetivo sea afinar la coordinación y que el presidente imparta doctrina.

La segunda consiste en la incorporación de cuatro ministros a la ejecutiva del PSOE para que Gobierno y partido caminen de la mano, y no a rebufo el segundo del primero. María Jesús Montero, Salvador Illa, Carolina Darias y José Manuel Rodríguez Uribes estarán en las reuniones de la comisión permanente de la dirección, el cogollo del partido. El PSOE ha sido hasta ahora testigo mudo de las decisiones gubernamentales y ha tenido un papel de cartón piedra en el devenir político, sin participación, y muchas veces sin conocimiento, en la toma de decisiones. Los dirigentes y diputados socialistas apenas acompañaron al Gobierno en la decisión de designar fiscal general a la exministra Dolores Delgado o en la reforma del Código Penal para revisar la tipificación del delito de sedición porque no sabían qué decir. El partido no estaba al cabo de la calle. Esta desconexión ha llevado a que los socialistas críticos, que los hay aunque no levanten la voz en público, descarguen todas las culpas en «la camarilla» de la Moncloa, con especial inquina hacia Iván Redondo, el poderoso director de gabinete de la Presidencia del Gobierno y responsable de la comunicación gubernamental.

La reubicación de Delgado y la reforma penal fueron las primeras medidas controvertidas, y tuvieron el mérito de eclipsar el primer acuerdo de Sánchez, el incremento del salario mínimo a 950 euros. El Gobierno no pudo rentabilizar la medida porque quedó sepultada por la polémica suscitada con la Fiscalía y el Código Penal. La Moncloa también se quedó con las ganas de sacar brillo a la firma de ese acuerdo, escenificada el jueves y eclipsada de inmediato por la controversia sobre la reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat.

Hasta la presentación del proyecto de ley sobre la eutanasia, el primero que debatirá el Congreso, pasó sin pena ni gloria pese a ser un asunto estrella para los socialistas. Esta vez la culpa la tuvo el encuentro del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Un enredo del que es posible que nunca se sepa qué ocurrió, pero que ya lleva innumerables versiones, unas peregrinas, otras con visos de credibilidad, aunque ninguna satisface todos los interrogantes abiertos.

Tampoco hubo una explicación oficial plausible a la decisión de Sánchez de evitar la reunión con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tarea que delegó en la ministra de Asuntos Exteriores, y que disparó las especulaciones sobre un giro en las relaciones con el régimen chavista. Hubo explicación para la dimisión del presidente de la empresa pública Red Eléctrica, Jordi Sevilla, pero casi hubiera sido mejor el silencio. El Gobierno habló de un relevo normal, pero el dimisionario lo achacó a «injerencias» de la vicepresidenta Teresa Ribera, unas desavenencias que ella admitió.

En el camino empedrado de estos 18 días quedan también, entre otros, los choques con el Consejo General del Poder Judicial por la «humillación» de los tribunales españoles en Europa denunciada por Iglesias y que provocó una dura respuesta del órgano de gobierno de la judicatura; la multa al presidente del Gobierno por el uso electoralista de la Moncloa durante la pasada campaña; la bronca de las comunidades autónomas con Hacienda por el impago de 2.500 millones de euros del IVA. Y no han pasado ni tres semanas desde que el Gobierno comenzó su andadura tras ocho meses en funciones.