El Gobierno estudia cómo revocar los títulos nobiliarios otorgados en la dictadura

Así lo revela una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al senador de Bildu Jon Iñarritu, que había pedido al Gobierno información sobre posibles planes para acabar con títulos como duque de Primo de Rivera, conde del Alcázar de Toledo, marqués de Queipo de Llano, duque de Mola, duque de Calvo Sotelo, conde del Jarama o duque de Carrero Blanco. Todos estos títulos fueron creados entre 1948 y 1974.

En su respuesta, el Gobierno anuncia que, efectivamente, sí tiene planes para tratar de anular esas distinciones. Según el Ejecutivo, uno de los primeros trabajos encomendados a la recién creada Dirección General de Memoria Histórica, que nació el pasado 29 de junio en el seno del Ministerio de Justicia, ha sido «estudiar la posibilidad de acometer» una profunda «reforma legislativa» para dar potestad al Gobierno para anular títulos nobiliarios, una prerrogativa que solo tiene el Monarca.

Y no parece fácil, a tenor de la respuesta al parlamentario vasco. El Ejecutivo afirma que la «normativa reguladora de la materia nobiliaria» está amparada, nada menos, que en la Constitución. Se trata, explica el Gobierno, del artículo 62.f, el que otorga potestad exclusiva al Rey para «expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes». Por ello, da a entender el Ejecutivo que la reforma sería complicada porque, en principio, habría que reformar la Carta Magna, algo que requeriría una mayoría cualificada en las Cortes.

Todo ello, explica el Gobierno en su respuesta fechada el pasado martes, porque «el régimen de revocación no se contempla en la normativa actual, por lo que, para ello, solo cabría una reforma de la legislación vigente para que los títulos nobiliarios puedan suspenderse».

En la historia reciente de España solo ha sido revocado un título nobiliario y fue decisión personal del rey Felipe VI, aunque la Constitución no dice nada sobre la posibilidad de que el Monarca anule un título, solo sobre su poder para otorgarlo.

Fue en junio de 2015, cuando Felipe VI decidió revocar el «uso» del del título de duquesa de Palma a su hermana la infanta Cristina, entonces salpicada por el 'caso Nóos'. El título de duquesa, «con caracter vitalicio», le fue entregado por su padre, Juan Carlos I, en 1997 a través de un real decreto firmado por el jefe del Estado y por el presidente del Gobierno, José María Aznar.

Para retirarle el título a Cristina de Borbón hace tres años la fórmula empleada fue otro real decreto, firmado por Mariano Rajoy y el propio Felipe VI revocando el anterior de 1997.