El Gobierno y las Cortes deben renovar más de una decena de órganos institucionales

En el acuerdo firmado por el PSOE y Unidas Podemos para la conformación del Gobierno de coalición, ambos partidos se comprometieron a buscar acuerdos parlamentarios de consenso en aras de esas renovaciones, primando los principios de «mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional».

Al margen de esa voluntad de trabajar por el consenso, lo cierto es que para algunas renovaciones los socialistas y la formación morada necesitan del concurso del PP, porque de lo contrario estarán abocadas al fracaso. No se espera que ni Vox ni Ciudadanos participen en las negociaciones.

Tal es el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Tribunal Constitucional (TC), cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso, o lo que es lo mismo 210 diputados. El PSOE y Unidas Podemos solo suman 155 escaños, a 55 de la mayoría cualificada que exigen estas renovaciones.

El mandato del órgano de gobierno de los jueces, que dura cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero este acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del 'popular' Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal «desde detrás».

El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos, y entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara.

También está pendiente la renovación de los cuatro miembros de los 12 que conforman el Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó el pasado mes de noviembre. En agosto, el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.

Otras de las renovaciones que deben resolver el Congreso es la de los vocales de la Junta Electoral Central (JEC), que se renueva con cada legislatura, concretamente en los 90 días posteriores a la constitución de las Cortes que, en este caso, tuvo lugar el pasado 3 de diciembre.

El órgano que actúa como árbitro de las elecciones lo componen 15 vocales: ocho magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo, cinco catedráticos propuestos por los grupos y nombrados por el Congreso, y otros dos miembros natos que no tienen voto. Tras recibir el aval de idoneidad de la Comisión de Nombramientos del Congreso, la Mesa de la Cámara informa al Gobierno para que proceda a designarlos formalmente como vocales mediante real decreto.

También está en la lista de 'pendientes' la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en este caso después del fallecimiento, en junio de 2017, de la que hasta entonces había sido su titular, Esther Arizmendi. En este caso es el Gobierno quien nombra a su presidente por un periodo de cinco años y el Congreso lo debe refrendar en un mes por mayoría absoluta, esto es, de 176 votos.

El Gobierno también debe renovar el Consejo de Administración de RTVE, reactivando el concurso público que comenzó en agosto de 2018 y que se 'congeló' en marzo del año pasado, con la convocatoria de elecciones de abril.

Los 20 aspirantes a dirigir RTVE deberán pasar por la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado. Entre ellos se elegirá a los 10 miembros del Consejo (seis en el Congreso y cuatro por el Senado). Todos necesitan un respaldo mínimo de dos tercios de la Cámara en primera vuelta (al menos 233 diputados) y, en su defecto, mayoría absoluta (176 diputados) en una segunda votación, con aval de cuatro grupos parlamentarios. El presidente del Consejo se elige en la Cámara Baja, de entre los 10 miembros directivos y con el mismo sistema de votación.

Otro de los organismos a renovar es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde hace dos años y medio. La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el exministro socialista Ángel Gabilondo han sonado como posibles recambios. Se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Un resultado que debe ratificar el Senado en un plazo máximo de 20 días.

En el ámbito económico, los nombramientos que con más urgencia debe acometer el nuevo Gobierno se encuentran en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde su presidente, José María Marín Quemada, su vicepresidenta, María Fernández, y tres consejeros, dirigen el organismo con el mandato ya cumplido y sin posibilidad de reelección.

Sus sustitutos serán nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Economía, Nadia Calviño, tras haber pasado un examen ante la comisión del ramo en el Congreso. La Cámara Baja tendrá opción de veto a estos nombramientos por mayoría absoluta.

Otro mandato que caducará el próximo febrero es el del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuyo hasta ahora titular, José Luis Escrivá, dejará ya el cargo para ser el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. En este caso, será la titular de Hacienda, previsiblemente María Jesús Montero, la que proponga su sustituto, que debe tener el aval de la mayoría absoluta de la comisión del ramo en el Congreso. En caso contrario, bastaría con una mayoría simple, pero en esta ocasión de la Comisión de Hacienda del Senado.

Ya en julio culminará el trabajo Jaime Ponce al frente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el fondo que pilotó el rescate en el sector financiero y responsable último de Bankia. En este caso, el candidato propuesto por la ministra de Economía deberá presentar sus credenciales ante el Congreso, pero no necesita aval parlamentario para que el Gobierno pueda formalizar su nombramiento.

Finalmente, en noviembre caducarán los mandatos del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, y de su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, aunque en este caso pueden ser renovados por otro mandato. Tanto PSOE como Unidas Podemos, hoy en el Gobierno, se opusieron entonces a su nombramiento por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que los pactó con Ciudadanos.