El Gobierno rechaza el indulto al exsocio de Urdangarin con todos los informes en contra

Mientras Torres ve cómo Urdangarin -condenado a seis años y diez meses de cárcel- disfruta de salidas programadas para su reinserción en aplicación del reglamento penitenciario (artículo 100.2), autorizado por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y ratificada luego por la Audiencia Provincial de Ávila, la suerte en su caso es dispar.

El Departamento de Justicia de la Generalitat denegó a principios de octubre la flexibilización del régimen carcelario que solicitó para poder salir diariamente a trabajar o ejercer de voluntario, en amparo del citado 100.2. Un permiso, por ejemplo, del que disfrutó también el exdirigente de CDC Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de prisión por el 'caso ITV'. En su caso, la Junta de Tratamiento de Brians 2, el mismo centro que Diego Torres, sí acordó su salida. En su escrito, éste puso como ejemplo el trato favorable al hijo del expresidente catalán.

Este agravio comparativo para el que fuera profesor de la escuela económica ESADE se sumó a otra mala noticia. El pasado 30 de agosto el Consejo de Ministros, con los informes desfavorables de todos los órganos competentes para pronunciarse, rechazó la petición de indulto formulada por el condenado. Para ello, lo primero y esencial de este trámite es que Torres admitiera los hechos de la sentencia y su culpabilidad, una circunstancia que no ha ocurrido en el caso del cuñado del rey Felipe VI.

De esta manera, las partes personadas en este trámite que se pronunciaron en contra han sido la Fiscalía, la acusación ejercida por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y la Administración del Estado, que entró en el 'caso Nóos' por el delito contra la Hacienda Pública por el que fue condenado el acusado. En concreto, el tribunal de la Audiencia de Palma le castigó, además, con una multa de 775.247 euros, cuatro años de inhabilitación absoluta y cinco de suspensión especial.

En enero pasado Torres ya satisfizo la responsabilidad pecuniaria derivada de este procedimiento, una circunstancia que no ha tenido repercusión ni para las salidas de prisión ni en la concesión del indulto. Así, el tribunal juzgador vendió varios bienes del 'número dos' de Instituto Nóos para saldar la cuantía reclamada, que recuperará la administración balear y el Estado por el delito fiscal. Además, recibió autorización para repatriar fondos que tenía en Luxemburgo.

Pese el portazo del Gobierno a la concesión del indulto, la defensa del empresario menorquín de 54 años quiere llegar hasta el final y presentó el 1 de octubre un recurso ante el Tribunal Supremo. El tribunal encargado de ver el escrito será la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y su ponente, el juez Francisco Javier Borrego. Está previsto que resuelva en primavera.

Fuentes del alto tribunal explicaron que dada la doctrina que tiene la Sala sobre la tramitación de las medidas de gracia, con criterios más restrictivos desde 2013, es poco probable que se revoque la resolución del Consejo de Ministros. Más si cabe porque este supuesto requiere menos motivación jurídica, ya que el indulto, como recoge la ley, es una discrecionalidad del Poder Ejecutivo y no existen para ello razones de equidad. Por lo que es muy probable que el Supremo cierre otra puerta a Diego Torres.