El Gobierno rebaja la mayoría para atar el consejo de RTVE con sus socios y sin el PP

La dirección de Radiotelevisión Española se ha convertido en el último ingrediente del nutrido cóctel de disensos que imposibilita el entendimiento entre el Gobierno comandado por el PSOE y el PP, líder de la oposición, sobre la gestión de los organismos de cariz público y peso institucional, excepción hecha de la tregua que supuso en junio el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La decisión del Ejecutivo, anunciada ayer al término de la reunión semanal del presidente Sánchez y sus ministros, de rebajar por decreto la mayoría necesaria para que el Congreso designe a los consejeros del ente, lo que implica poder sacar adelante los nombramientos dando entrada a los socios de Pedro Sánchez y sin el concurso de los populares, desató un nuevo cisma: donde el Ejecutivo ve desbloqueo y garantía de «pluralidad», los de Alberto Núñez Feijóo encuentran el mero «control» de «una institución más».

Fue el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, el encargado de dar a conocer la aprobación por parte del Gobierno del real decreto que modificará la ley 17/2006 que regula la radio y la televisión de titularidad estatal. Un cambio por el que se mantendrá la actual exigencia, en primera ronda, de una mayoría cualificada de dos tercios del Congreso –lo que requiere consenso entre el PSOE y el PP, hoy primera fuerza de la Cámara baja– para elegir al presidente y los consejeros de RTVE; pero que posibilitará la designación en segunda vuelta por mayoría absoluta –los 176 escaños que se asegurarían los socialistas y Sumar con los aliados de la investidura–. El decreto deberá pasar ahora por el Congreso para su convalidación. Algo probable dado que la otra modificación relevante que se introducirá es el aumento de los consejeros de 10 a 15 miembros, lo que dotará al Gobierno de margen para pactar con los socios la incorporación de nuevos consejeros. Los vigentes fueron designados sobre la base del pacto alcanzado en 2021 por PSOE, PP, Unidas Podemos y el PNV.

En estos momentos, cinco de los nueve integrantes del consejo de administración tienen el mandato caducado desde abril al igual que su presidenta interina, Concepción Cascajosa, cuyo mandato expiró a finales de septiembre. Además, hay una vacante que corresponde al PSOE desde la dimisión de José Manuel Pérez Tornero como máximo responsable de la corporación en septiembre de 2022.

El pase del futuro consejo de 10 a 15 miembros se traducirá en que, de ellos, 11 serán elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, donde el PP podría ir al copo al contar con mayoría absoluta. En paralelo, el decreto establecerá también un régimen de incompatibilidades para los consejeros, cuyo mandato seguirá siendo de seis años pero ya no se renovará por mitades cada tres; es decir, todos los nombramientos se producirán y finalizarán a la vez y con una única posibilidad de reelección para el cargo. El texto legislativo prevé que los nombramientos estén materializados en tan solo 30 días a partir de la entrada en vigor del mismo.

El decreto, según la explicación transmitida por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, persigue el triple objetivo de «reforzar el pluralismo del ente público, asegurar su estabilidad y garantizar la profesionalidad de su consejo directivo». Óscar López puso voz a ese comunicado justificando la rebaja de la mayoría exigida para «superar la situación de bloqueo institucional y provisionalidad» de la compañía pública. Y fue más allá en su exposición: «En los últimos cuatro años, RTVE ha tenido un administrador único y tres presidentes. Una inestabilidad en la gestión que no es deseable en ninguna empresa pública o privada», zanjó, augurando al tiempo que «el próximo consejo    será el más plural de la historia».

El ministro anunció la apertura inmediata de conversaciones con todos los grupos, excepto Vox, para la convalidación del decreto. A la espera de que todos los socios se posicionen, Sumar explicó su posición favorable dentro del Consejo de Ministros por el intento del PP «de bloquear todas las instituciones que no controla». Pero siendo «honesto», su portavoz, Íñigo Errejón, admitió que este real decreto no responde «al modelo idóneo» para propiciar la pluralidad en la dirección de RTVE. Podemos, por su parte, vino a avalar también el cambio, aunque ironizando con que se podía haber hecho lo mismo con el CGPJ (en este caso, fue la advertencia europea la que frenó la rebaja de la mayoría).

El PP cargó sin ambages contra la pretensión del Gobierno, en palabras de Miguel Tellado, de    procurarse «el control absoluto de RTVE». Sánchez «ha tratado de tomar y de ocupar todas las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de su partido y al servicio de su persona», señaló el portavoz parlamentario de los populares, quien citó como ejemplos de la colonización que atribuye al Ejecutivo el CIS, el Constitucional, la Fiscalía General del Estado, Renfe o el Defensor del Pueblo.

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