El Gobierno de Rajoy descartó para Cataluña la Ley de Seguridad Nacional que defiende el PP

En las reuniones de las altas esferas gubernamentales y de las fuerzas de seguridad previas a la intervención de Cataluña participó en 2017 José Luis Ayllón, entonces secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y, más tarde, jefe de Gabinete de Rajoy. Y tal y como lo entiende, la Ley de Seguridad Nacional estaba «pensada para otro tipo de circunstancias». «Por ejemplo -defendió este jueves en la Cadena Ser-, para una situación catastrófica o de ciberterrorismo que afecte a nuestras comunicaciones».

Así lo sostuvo en su día el departamento que dirigía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Fuentes gubernamentales trasladaron en los días de tensión previa al 1-O que, con todas las «cautelas», la normativa era más apropiada para desastres naturales y otras emergencias que requieran la coordinación de recursos de la administración central, las comunidades y los ayuntamientos. «No te permitía -recuerdan ahora aquellas mismas voces- tomar el control de los Mossos».

No todos en el Ejecutivo, sin embargo, compartieron el análisis. Fuentes de la antigua cúpula de Interior aseguran que la posibilidad de aplicar esta ley siempre estuvo vigente y que, si esa decisión nunca llegó a tomarse, fue porque más que una crisis de seguridad pública con disturbios generalizados, todo derivó en un desafío institucional con la aprobación final de la declaración unilateral de independencia, el desencadenante del 155.

En realidad, más allá de las diferentes visiones que cohabitaron en el Gobierno, unos y otros coinciden en que la ley parece tan flexible que no es extraño el debate. Alfonso Senillosa, asesor del Gabinete de Rajoy, fue el encargado del texto, que se aprobó en el Congreso en 2015, y en el articulado quedó establecido que ante una «situación de interés para la seguridad nacional», el presidente puede, vía real decreto, definir la crisis, su ámbito geográfico, la duración y nombrar a una «autoridad funcional» que dirija y coordine el dispositivo. De ahí que el PP deduzca que el Ejecutivo podría dar órdenes a efectivos de los Mossos d'Esquadra.

El Tribunal Constitucional matizó, en todo caso, en 2016 que la Ley de Seguridad Nacional permite una coordinación reforzada, pero no que el Gobierno se haga con la competencia del Ejecutivo de Cataluña sobre la policía autonómica. Esa fue la respuesta de los magistrados a la Generalitat, que, ante el temor a que la norma estuviera ideada con ese fin, acudió a la vía judicial.