El Gobierno abre la caja de Pandora con su propuesta sobre los aforamientos

La demanda quedó plasmada en forma de enmienda a una moción de Ciudadanos sobre la eliminación de ese tipo de «privilegios» -un asunto del que siempre ha hecho bandera- y que se debatió y votó hoy en la Cámara baja. El partido de Albert Rivera rechazó incorporar las referencias al blindaje del jefe del Estado a su texto, que en cualquier caso no tenía caracter normativo. Lo hizo porque, según dijo, lo prioritario es la supresión de los aforamientos de los políticos, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico. Pero, en cualquier caso, la discusión en el pleno sirvió para anticipar lo complejo que será que la iniciativa gubernamental llegue a buen puerto.

No es ya sólo la cuestión relativa al Rey -a la que además de los nacionalistas vascos se apuntan fuerzas como Bildu o Podemos- es que también los independentistas del PDeCAT advirtieron al Ejecutivo de que si se abre la puerta de la Carta Magna ellos plantearán cuestiones relativas al modelo de Estado y a la posibilidad de que un territorio se independice. Podemos, a su vez, argumentó que habría que hablar de «blindaje social», de derechos y someter a referéndum la reforma resultante. Además, varios grupos reclaman que se eliminen todos los aforamientos (también los de jueces, fiscales, fuerzas de seguridad...)

El Ejecutivo, que puso sobre la mesa este asunto de el lunes en un intento de recuperar la iniciativa política tras una semana de pasión, aún cree que juega a su favor el hecho de que nadie querrá hacerse responsable de que fracase una medida que tan popular entre el electorado. Pero lo cierto es que a muchos de los partidos que apoyaron la moción de censura no les dolieron prendas hoy por no respaldar el texto de Ciudadanos y optaron por la abstención.

El PP, indispensable para sacar adelante cualquier reforma constitucional, votó a favor, como el PSOE, pese a cuestionar los planteamientos de Rivera (entre otras cosas, que considere «privilegios» lo que, a su juicio, es una mera «prerrogativa»). Pero ya ha dejado claro que no es partidario de una modificación exprés como la planteada por Pedro Sánchez (60 días de tramitación).

Los populares sostienen que este asunto no puede ser abordado de manera «frívola» y plasmaron su postura en una enmienda (que tampoco aceptó Ciudadanos) en la que proponen solicitar informes a diversos órganos consultivos y abrir una ponencia para estudiar la reforma en profundidad en la Comisión Constitucional del Congreso, algo que dilataría mucho los plazos previstos por el Gobierno.

La idea de Sánchez es aprobar ya este viernes un anteproyecto de ley, pedir los informes correspondientes al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, introducir en su caso los cambios necesarios en el texto, aprobar el proyecto definitivo y remitirlo al Parlamento para que sea ya tramitado.

En previsión de las dificultades, los socialistas enviaron hoy un mensaje a sus socios en la moción que desbancó a Mariano Rajoy. La portavoz Adriana Lastra argumentó que si de verdad se quieren suprimir y limitar los aforamientos la fórmula es la planteada por el Ejecutivo porque implica una reforma simple de la Carta Magna (basta con la aprobación de una mayoría de tres quintos en las Cortes) mientras que tocar el título que afecta a la Corona o a los derechos fundamentales llevaría a una reforma agravada, mucho más farragosa, con ponencia, disolución de la Cámara y elecciones.