El Gobierno pone en marcha la maquinaria negociadora para aprobar el decreto energético

País Vasco, primero, y Cataluña después, no han ocultado su disconformidad tanto con el fondo del texto del Gobierno como con las formas, delegando en las comunidades la ejecución, supervisión e inspección de las medidas que contiene sin haberlas consensuado previamente. Al lehendakari Iñigo Urkullu le hubiera gustado que el Ejecutivo central hubiera «tenido más en cuenta» a las autonomías y hubiera hecho un «ejercicio de contraste» con los sectores a los que se ha obligado a limitar el aire acondicionado en pleno verano o se les ha exigido cierres especiales para evitar que el frío y el calor se escapen, entre otras medidas incluidas en el controvertido decreto. En el Govern de Pere Aragonès afean igualmente al Consejo de Ministros haber «actuado demasiado rápido» y sin contar con el resto de actores implicados. Ambas comunidades confían, en todo caso, en incluir algunas de sus aportaciones en el plan de contingencia que España debe enviar a Bruselas a principios de septiembre.

Las formas del Ejecutivo vienen escamando entre las filas de los nacionalistas vascos y catalanes en la Cámara baja como ya advirtió el portavoz del PNV, Aitor Esteban, durante el debate sobre el estado de la nación. El diputado vasco echó mano del refranero para recriminar a Sánchez sus «formas» y que dé por sentado su apoyo cuando no hay consenso ni diálogo. «El que quiera tener pollos el día del señor, que eche la llueca el día de la Ascensión. Apúnteselo, señor presidente», le espetó desde la tribuna. «Pecan de soberbia e inconsciencia», lleva tiempo recriminándole a Sánchez el portavoz republicano Gabriel Rufián.

Pese a que el PNV y ERC se han cuidado mucho de anticipar su posición de cara a la votación del jueves, en Moncloa están convencidos de que el decreto del plan de ahorro energético será convalidado a su paso por el Congreso. El Ejecutivo cuenta con los 153 votos a favor que suman los diputados de PSOE y Unidas Podemos para sacar la norma y cumplir así con la reducción un 7% del consumo energético que exige la Unión Europea. El respaldo del escaño de Compromís y el de los dos parlamentarios de Más País se dan prácticamente por garantizados. Desde EH Bildu, con cinco diputados, no desvelan cuál será su posición pero comparten «la necesidad de reducir el consumo energético».

Tampoco han confirmado aún el sentido de su voto el PDeCAT, Foro de Asturias, Coalición Canaria o Junts per Catalunya, aunque las críticas al texto formuladas en las últimas horas desde la formación soberanista, que considera «una macedonia de propuestas que nada tienen que ver con medidas energéticas», invitan a pensar que no lo apoyarán.

Parece improbable que, a estas alturas, el PP vaya a respaldar el decreto ley de medidas energéticas. Los populares, con 86 asientos en la Cámara, no han ocultado su rechazo a un plan que consideran una «improvisación» del Gobierno e insisten en exigir a Sánchez que retire el decreto ya vigente «impuesto sin dialogar» y que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso va a llevar ante el Constitucional. Un camino que podrían secundar otras comunidades gobernadas por los populares como Murcia, Galicia o Castilla y Léon

Vox, con 52 escaños, también rechaza de plano las medidas energéticas de ahorro y ya anunció hace unos días que plantará batalla judicial y seguirá los pasos de la presidenta madrileña ante el tribunal de garantías. Ciudadanos, por su parte, no ha decidido todavía que votarán sus nueve parlamentaros la próxima semana pero su portavoz Edmundo Bal ya adelantó el miércoles que su voto «no será favorable».