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Pablo Iglesias tendrá también una silla en la mesa de negociación con la Generalitat. El presidente del Gobierno llevaba varios días estudiando esta posibilidad, a pesar de que tanto durante la precampaña como durante la campaña para las elecciones del 10 de noviembre apeló una ... y mil veces a las enormes diferencias que le separan del secretario general de Unidas Podemos en la aproximación al problema catalán. «¡Pero si habla de presos políticos! Yo necesito un vicepresidente que defienda la democracia española», llegó a decir el pasado julio. Ahora, ve las cosas de otra manera.
Iglesias es un interlocutor muy del agrado de Esquerra por dos razones fundamentales. Por un lado, porque, al contrario que el PSOE, la formación confederal de izquierdas abogaba en su programa electoral por la celebración de un referéndum pactado en Cataluña. Pero también por un motivo de menor vuelo. Los republicanos han visto cómo en los últimos días Quim Torra trataba de capitalizar el foro de diálogo que arrancaron a lo socialistas a cambio de la investidura de Sánchez. Si el socio de coalición en el Ejecutivo central se sienta a la mesa, tendrá que hacerlo también el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
La cuestión es relevante de cara a la pugna que mantienen ERC y JxCAT por la hegemonía en el secesionismo, especialmente, ahora que Torra ha dejado clara su intención de convocar elecciones en los próximos meses. El Gobierno cuenta con que la formación de Oriol Junqueras le apoye en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, a partir del mes de marzo, pero es consciente de que para lograrlo tiene que ayudarle a contrarrestar el relato de los ‘posconvergentes’, decidido a retratarlos como traidores a la causa.
Aun así, Iglesias se sumó hoy a la advertencia que en las últimas semanas ha venido lanzando el PSOE desde el Gobierno y, en una entrevista en ‘La Sexta’, rebajó las expectativas de una solución a corto plazo del problema catalán. Es más, se cuidó mucho de no hablar de una consulta y de respetar el acuerdo que suscribió con Sánchez 48 horas después de las generales, en el que ambos se comprometían a «fomentar el diálogo, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro siempre dentro de la Constitución».
«El conflicto político en Cataluña no es algo que haya ocurrido en los últimos meses, ni siquiera en los últimos años, es una realidad histórica de nuestra patria desde hace más de 200 años, por lo tanto, lo que podamos hacer a partir de ahora va a requerir de mucha mano izquierda, de mucha capacidad de persuasión, pero también capacidad de encontrar fórmulas -remarcó- que no van a ser cien por cien satisfactorias para todos».
La composición del resto de la mesa, que en principio debería constituirse ya en este mes de febrero, según acordaron el jueves pasado Sánchez y Torra, sigue sin determinar. El presidente del Gobierno solo anticipó que él participará en el primero de los encuentros que se celebren. Luego es previsible que delegue en la vicepresidenta Carmen Calvo.
En su primera comparecencia ante la prensa tras ser investido, el jefe del Ejecutivo aseguró, al menos, que la número dos del Gobierno seguiría siendo la encargada de pilotar las relaciones con la Generalitat, a pesar de que en Esquerra no se sienten cómodos con ella, según fuentes de la formación. Es de esperar también que en las conversaciones participe el ministro de Sanidad y secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, que estuvo en el equipo que negoció la investidura con los republicanos.
Sánchez también dio relevancia, en aquella conversación informal con los periodistas, al papel que pueda desempeñar el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Precisamente, hoy, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, apuntó que el ministerio está ya preparando el borrador de la reforma del Código Penal con la que, entre otras cuestiones, se pretende modificar el delito de sedición, lo que serviría para atenuar las penas de los condenados por el ‘procés’. Pero insistió en que este asunto no se abordará en la mesa con la Generalitat.
Tampoco está clara la fecha en la que se iniciarán los contactos. En Moncloa saben que deben cumplir con la promesa de no dejar pasar febrero para no dar argumentos a los de Carles Puigdemont, que harán de la confrontación con el Estado, una vez más, el eje de su campaña electoral. Pero también han dejado ya claro que, dado el horizonte electoral, no consideran que se den las «mejores circunstancias» para que el diálogo sea fructífero.
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