El Gobierno ve más cerca la aprobación de los Presupuestos pese a los avisos de sus socios

La principal responsable de la cuadratura de los números del Estado aseguró a Podemos, por un lado, que cuando el Ejecutivo firma un acuerdo «lo cumple». Y por otro, ratificó lo que ya se había dejado caer desde el Gobierno la jornada anterior, que Cataluña recibirá más dinero y que por primera vez en muchos años se cumplirá la disposición adicional tercera de su estatuto de autonomía, esa que instaba a equiparar por siete años la inversión del Estado al peso del PIB catalán sobre el conjunto la economía española (en el momento en el que se aprobó el 'Estatut' era un 18% y ahora estaría en torno a un 19,3%).

«Me parece muy difícil que algunas formaciones políticas puedan obviar que estos Presupuestos contemplan medidas que incrementan las pensiones, el salario mínimo interprofesional, la capacidad de proteger a los más vulnerables, partidas de dependencia, mayores ingresos de entregas a cuenta a la Generalitat o un incremento de inversiones», dijo así en alusión a PDeCAT y ERC, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ayer aprobó el proyecto gubernamental.

Consciente de que en su intento de seducir al independentismo, el Gobierno puede alentar un discurso de agravio entre comundiades, la ministra también insistió en algo apuntado ya el jueves la titular de la cartera de Política Territorial, Mertixell Batet: que el Gobierno no solo pretende cumplir con Cataluña sino también con otras autonomías que tienen en sus estatutos previsiones similares a la del texto catalán, como Andalucía o la Comunidad Valenciana. En el caso de estas dos regiones, no se apela a una inversión similar al PIB sino al peso de su población sobre el total nacional (en torno al 18% en el caso andaluz y al 10% en el valenciano).

Tanto la ministra de Hacienda como la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, remarcaron además que el Gobierno no entrará a negociar con las formaciones independentistas nada que no tenga que ver con las partidas presupuestarias, es decir, que no hablará de la situación de los presos pendientes de juicio en la causa del proceso secesionista o de un referéndum de autodeterminación, exigencias que todavía mantienen sobre la mesa incluso los sectores más posibilistas de PDeCAT y Esquerra. «Son cuestiones –remarcó Celaá– que corresponden estrictamente al Poder Judicial».

Lo cierto es que sea cual sea la respuesta de los independentistas, con el calendario anunciado este viernes lo que está ya claro es que Sánchez evita un adelanto electoral a marzo. El Gobierno remitirá el proyecto a las Cortes este lunes y el debate de totalidad, en el que los grupos parlamentarios dirán si permiten o no la tramitación de las cuentas, se producirá, según la ministra, entre el 11 y el 12 de febrero. Si se tiene en cuenta que la ley electoral marca 54 días desde la convocatoria hasta la cita con las urnas, lo más pronto que podría haber generales sería en abril y la mayor parte de los partidos descartan esa fecha porque estaría demasiado cerca de las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo e implicaría dos procesos electorales muy seguidos.