El Gobierno deja solo a Llarena ante la Justicia belga en la demanda de Puigdemont

Con esos actos privados se refiere Justicia al origen de la demanda, unas declaraciones realizadas por el magistrado del Supremo en febrero en Oviedo, por tanto fuera de sede judicial, en las que pronunció frases como estas: «La euroorden no ha fallado porque no se ha cursado», «las órdenes de detención internacional no deben cursarse por sospechas, sino que deben cursarse el día que se sabe que los hechos tienen indicios racionales de haberse perpetrado», Pues bien, la defensa del Puigdemont y de los otros exconsellers que huyeron a Bélgica entienden que Llarena, con sus palabras, pone en evidencia su falta de parcialidad para instruir la causa del 'procés'.

Acto seguido, Pablo Llarena pidió a principios de este mes amparo al Consejo General del Poder Judicial, que se le concedió, por lo que se solicitó a los ministerios de Justicia y Exteriores que colaborasen en la defensa del magistrado a través de la Abogacía del Estado para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante la demanda civil presentada contra el juez. Y aquel 17 de agosto, Dolores Delgado, de viva voz, dijo que el Gobierno contrataría los servicios de un bufete privado para la defensa de Llarena, un juez que a todas luces está en el punto de mira del independentismo, hasta el punto que este verano, a diferencia de los anteriores, tuvo que renunciar a veranear en el Pirineo catalán ante el acoso de los radicales.

¿Qué ha cambiado ahora para que Justicia se desdiga? «El Gobierno no puede actuar puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función», dice la nota ministerial. Eso sí, Justicia se reserva una carta y dice que el Estado se personará si la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra Puigdemont y el resto de exconsellers.