El Gobierno insta al PP a renovar el CGPJ antes de otras reformas

Los populares han vivido como un triunfo el hecho de que la Comisión Europea haya acabado haciendo claudicar al PSOE y Podemos (que, según Campo asume también, pese a sus recelos, la decisión de retirar la polémica reforma legislativa encaminada rebajar las mayorías exigidas en el Congreso y el Senado para la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces). Y cantan doblemente victoria porque, además, haya instado a permitir que sean los propios jueces quienes elijan al 50% de sus miembros.

El PP registró el pasado octubre una proposición de ley en el Congreso en la que, entre otras cosas, aboga por volver al sistema previo a 1985, en el que eran los jueces y no las Cortes Generales quienes elegían a los doce miembros del Consejo que, según la Constitución, deben proceder de la carrera judicial, frente a ocho juristas de reconocido prestigio nombrados por las Cámaras. Pablo Casado argumentó este miércoles que la única condición que siempre ha puesto para renovar el Consejo es que Pedro Sánchez acepte «reforzar la independencia judicial y la separación de poderes».

El pasado febrero, una vez calmadas las aguas agitadas por la contienda electoral catalana, sin embargo, Casado estuvo a punto de cerrar un acuerdo con el Ejecutivo. Todas las partes implicadas aseguraban que era inminente pero finalmente saltó por los aires ante su veto a José Ricardo de Prada, uno de los artífices de la sentencia del 'caso Gürtel', propuesto por Podemos, y la negativa de los socialistas a excluirlo.

Campo, que participó este miércoles en el Foro Ser Navarra, insistió, como ya hizo el lunes, en que el anteproyecto de ley para la eficiencia de la justicia supone también un avance para la independencia judicial, pero dejó claro que no comparte la idea de que los jueces elijan directamente a una parte del Poder Judicial y salió en defensa del modelo en vigor, en el que los partidos negocian sobre 50 nombres propuestos por las asociaciones judiciales y por jueces independientes. «Creo en la doble legitimación», adujo.

El ministro esgrimió, en todo caso, que la Comisión Europea no tiene ninguna duda de que España «cumple con los estándares del Estado de derecho» y recordó que, más allá de sus recomendaciones sobre reformas estructurales, tanto la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourova, como el comisario de Justicia, Didier Reynders –de quien partió el martes la reclamación sobre la elección directa de los jueces– han advertido de que lo urgente es renovar el actual Consejo en funciones.