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Cristian Reino
Barcelona
Viernes, 19 de mayo 2023, 18:45
El Gobierno no se dio este viernes por aludido por el dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que el Estado español vulneró los derechos políticos de Carles Puigdemont, cuando fue suspendido como diputado autonómico, en 2018, tras ser procesado ... por rebelión pero sin haber sido condenado. Este organismo de la ONU ha dado un plazo de 180 días a España para que le informe de las medidas que haya adoptado para aplicar su dictamen y le pide que adopte las iniciativas necesarias «para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro».
El Gobierno ignoró el dictamen. Según afirmó la vicepresidenta Nadia Calviño en Catalunya Ràdio, la resolución de la ONU reafirma que lo que tiene que hacer Puigdemont es regresar a España para ponerse en manos de la justicia. «Lo que dice es que tiene que haber una sentencia, igual que con el resto de personas que participaron en los hechos de octubre de 2017», según Calviño.
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A la vista de la reacción del Ejecutivo central, la resolución de la ONU es una victoria moral para Puigdemont, que en principio no tendrá consecuencias prácticas. El expresidente de la Generalitat advirtió no obstante de que la «persecución» que a su entender España practica contra el independentismo «tendrá un castigo severo».
Tras la derogación de la sedición, Puigdemont está procesado por desobediencia y malversación por el 1-O de 2017. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, está a la espera de que un tribunal europeo resuelva los recursos sobre la inmunidad del expresidente para enviar nuevas euroórdenes de extradición.
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