La Generalitat seguirá hablando pese al portazo del Gobierno al referéndum

De la primera reunión del órgano bilateral previsto en el Estatuto que se ha mantenido en siete años no salió ningún acuerdo concreto pero sí el compromiso de constituir en septiembre y trabajar hasta diciembre en el resto de comisiones y subcomisiones recogidas en la norma autonómica (para prevenir conflictos institucionales, para completar transferencias, para hablar de inversiones pendientes o para abordar cuestiones relativas a la inmigración).

Lo que no habrá es un grupo de análisis entre ambas administtaciones sobre lo que la Generalitat llama «vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político» y «en materia de derechos y libertades». A lo segundo, un eufemismo para hablar de los presos del 'procés', Batet replicó que el Ejecutivo no puede entrar en asuntos judicializados y, respecto a lo primero, fue tajante: «en ese ámbito no hay mucho que investigar», dijo.

Maragall, no ocultó su malestar, pero se mostró pragmático. «Nuestra posición no puede ser de satisfacción pero sí de convicción de que hemos hecho lo que teníamos que hacer y de que está bien constatar discrepancias que no pueden ser excusas para dejar de trabajar en cuestiones que son demasiado importantes», llegó a decir

El político secesionista, exmiembro del PSC ahora en las filas de Esquerra, dejó claro que la Generalitat no cejará en sus reivindicaciones y advirtió de que no tiene intención de volver a participar en los órganos multilaterales como el Consejo de Politica Fiscal y Financiera , pero al mismo tiempo se alejó del 'ultimatum' dado por Carles Puigdemont y sus fieles, entre ellos la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, que ya han fijado en el otoño el margen de confianza a Sánchez para que ponga sobre la mesa una solución para Cataluña.

Batet defendió que si algo diferencia al Gobierno socialista del de Mariano Rajoy es que sí tiene «un proyecto para Cataluña» y que ha sido capaz de «recuperar la normalidad». Maragall no le concedió ni una cosa ni la otra. Sin embargo, en la ministra trató de explicar qué pretende y, entre otras cosas, ofreció retirar recursos planteados ante el Constitucional, más inversiones en cercanías y el Corredor del Mediterráneo y más dinero para Cataluña. De hecho, dijo que está dispuesta a cumplir con la cuestionada disposición adicional tercera del Estatut que obligaba al Estado a hacer en la comunidad autónoma inversiones proporcionales al su PIB durante un plazo de siete años (la Generalitat reclama 700 millones de euros).

Por otro lado, la ministra también aseguró que trasladó a la Generalitat la necesidad de que tanto en las instituciones como en las espacios públicos, ahora copados por símbolos independentistas, se respete el «principio de neutralidad»