El Gobierno y los Franco discrepan en el Supremo por el destino de los restos del dictador

El magistrado de lo Contencioso y ponente de la futura sentencia, Pablo Lucas, ha escuchado los argumentos de tres expertos que han elaborado el informe pericial aportado por la familia Franco, en el que han alegado que los riesgos «se dispararían» si Franco fuese enterrado en El Pardo-Mingorrubio. Además, han defendido que en La Almudena la Policía tendría recursos sobrados para frenar a radicales al ser una zona reducida que podrían controlar «perfectamente».

«En el cementerio no hay nada», han señalado los expertos, para quienes allí habría más riesgo de profanación y de actos vandálicos porque «siempre sería una pareja» de agentes la que tendría que frenar el ataque y «el tiempo de reacción» sería mayor.

La Policía, ha proseguido, podría «cortar los accesos» y todo «quedaría reducido a nada», y ha argumentado además que se trata de un área restringida al tráfico (ahora en fase de moratoria hasta septiembre), por lo que, a su juicio, «que haya un colapso fuera de hora es impropio», a diferencia del cementerio de El Pardo, donde el acceso es más limitado.

En declaraciones a los medios, Luis Felipe Utrera, ha señalado que el informe pericial demuestra que «los riesgos de seguridad que alega el Gobierno para evitar el deseo de la familia no son tales y son una mera excusa para intentar evitar un emplazamiento» que al Ejecutivo de Sánchez «no le satisface».

Del mismo modo, ha arremetido contra el Gobierno porque «no puede violar los derechos de la familia» cuando el riesgo de seguridad es mínimo en el entorno de La Almudena y porque trate de confundir lo que es la cripta, a la que se entra por calle Mayor, con la catedral, a la que se accede por Bailén y la Plaza de Armería.

Los nietos de Franco y la comunidad benedictina han pedido al Supremo que antes de dictar el fallo consulte al Tribunal Constitucional al considerar que es lo apropiado cuando la sentencia depende una norma que puede resultar inconstitucional.

Por su parte, el abogado del Estado, en defensa de los intereses del Gobierno, ha reprochado a los recurrentes que no haya tenido en cuenta en su preferencia un informe presentado por la Delegación del Gobierno sobre los riesgos de enfrentamientos entre grupos extremistas o un intento de atentado en 2013 en La Almudena.

Se trata de la última vista que celebra el Supremo en esta causa, en la que paralizó la exhumación prevista por el Gobierno el pasado 10 de junio hasta que dicte sentencia. El siguiente paso es que las partes presenten sus conclusiones previas a la resolución, que no se espera antes de septiembre.