Sánchez renuncia a agravar el choque institucional y retrasa sus designaciones al TC

La decisión de dar marcha atrás en esa posición de máximos ya había sido apuntada por distintos miembros del Gobierno en los últimos días, pero fue la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien la confirmó este martes por la vía de los hechos. Fue horas antes de que terminara el periodo marcado desde el Parlamento -a través de una reforma legal 'ad hoc'- para designar a los sustitutos de los cuatro magistrados que el 12 de junio concluyeron su mandato: dos a propuesta del CGPJ y otros dos a la del Gobierno.

El Ejecutivo se resigna de esta forma a seguir postergando así el ansiado vuelco progresista en el tribunal de garantías. Al menos, de momento, porque en realidad en Moncloa dan por sentado que el camino se les despejará más pronto que tarde.

Pero el Poder Judicial no ha iniciado todavía las negociaciones internas para el nombramiento de sus dos magistrados, uno conservador y otro progresista. Tras el plante protagonizado la semana pasada por los vocales conservadores que exigieron respeto a sus tiempos y deliberaciones, solo se ha convocado una reunión telemática para empezar a discutir este viernes. Sin embargo, el Ejecutivo augura que el acuerdo llegará en «unos días».

El intento de Sánchez por rebajar la tensión institucional y crear un clima de cierta confianza tras años de resquemores mutuos resulta evidente ahora. Tanto él, en una entrevista nocturna en TVE, como Llop evitaron este martes hacer el más mínimo reproche al órgano que preside Carlos Lesmes por su incumplimiento de lo marcado en la reforma de su ley orgánica y cargaron las tintas exclusivamente sobre el PP, por obstaculizar la renovación de un CGPJ que se acerca a los cuatro años con el mandato caducado.

«Me consta que se está negociando y no dudo de que en unos días -insistió el presidente- tendremos esa propuesta de magistrados». «Si se hubiera cumplido con la Constitución no estaríamos ahora en esta situación; por lo tanto, descargar toda la responsabilidad sobre vocales del Consejo, que quiero creer que están actuando desde una posición institucional de lealtad al resto de poderes y al ordenamiento jurídico, me parecería un poco injusto», llegó a decir también Llop horas antes desde Moncloa.

El Ejecutivo se aferra así a las palabras de Lesmes, que la semana pasada rechazó la idea de un Consejo instalado en la «rebeldía» para descartar una escalada de tensiones. «Dejémosles trabajar», reclamó la ministra. Llop subrayó además que a finales de mes viajará a España el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y en la Moncloa confían en que su visita, prevista para hablar sobre el último informe sobre el Estado de Derecho en España, ayude a desatascar la situación. Sobre todo después de que la vicepresidenta Vera Jourova insistiera el lunes en una carta a Lesmes en que lo urgente es proceder a la renovación del CGPJ y después reformar el sistema de designación. Un mensaje que la ministra interpretó como un tirón de orejas a los populares después de que éstos buscaran, dijo, la «complicidad» de Bruselas.

El Gobierno es, en todo caso, el primer interesado en no forzar la máquina porque tampoco tiene garantías de que hacer sus nombramientos para el Constitucional fuera a producir el deseado efecto de una nueva mayoría progresista y por el camino podrían romperse muchos platos. Desde el TC, ahora con mayoría conservadora, ya se le advirtió en junio de que no validaría sus sustituciones hasta que el CGPJ no elevara también sus propuestas. Es la propia Carta Magna la que establece que sus doce miembros han de ser renovados por tercios; esto es, de cuatro en cuatro. Y conforme a dicha norma, los correspondientes al Gobierno y el CGPJ van en el mismo bloque.