El Gobierno no eliminará las expulsiones en caliente hasta saber el fallo del tribunal de Estrasburgo

Según han revelado fuentes del Ejecutivo, finalmente el ministro del Interior ha impuesto su criterio de no eliminar las 'expulsiones en caliente' en la reforma ya en marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya ponencia arrancó este jueves. Fernando Grande-Marlaska quiere conocer primero el parecer de la corte internacional y, sobre todo, llegado el caso, abordar el tema de las deportaciones terrestres a Marruecos dentro de una futura modificación de la ley de extranjería.

Las 'expulsiones en caliente' fueron incluidas en 2015 con 'calzador' y a última hora por el Gobierno del PP en la 'ley mordaza' (aunque nada tenían que ver con asuntos de seguridad ciudadana) para dar una cierta cobertura jurídica a estas deportaciones a través de las puertas de servicio de los vallados fronterizos de los inmigrantes que acababan de ser interceptados en territorio nacional. Usando una «disposición final» denominada de «Régimen Especial de Ceuta y Melilla», la 'ley mordaza' estableció que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

El PSOE, que en su recurso de inconstitucionalidad denunció de manera reiterada estas expulsiones y que en su proposición de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana abogaba por suprimir de raíz esta «disposición final primera», sin embargo, finalmente ha terminado por hacer suyo el parecer del ministro, a pesar de que ello le enfrenta a Podemos, que no ve razones para eliminar ya las deportaciones sumarias. «No vamos a legislar algo sobre lo que luego una sentencia puede modificar», anunció este jueves la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra.

El fallo del que está pendiente el Gobierno para saber cómo y cuándo acaba con estas polémicas repatriaciones tiene su origen en una denuncia que varias organizaciones presentaron por la expulsión sumaria el 13 de agosto de 2014 de N. D. y N. T., procedentes de Mali y Costa de Marfil. Ambos fueron entregados a Marruecos en cuestión de minutos, sin que mediara expediente de expulsión y sin que fueran debidamente identificados. En octubre de 2017, el Tribunal zanjó que la expulsión protagonizada por agentes de la Guardia Civil era una violación a la Convención Europea de Derechos Humanos y condenó a España a indemnizar con 5.000 euros a cada uno de los dos migrantes subsaharianos.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió aquella sentencia, pero fue ya el Gobierno de Pedro Sánchez el que el pasado verano (manteniendo el criterio del anterior gabinete y en contra de su recurso y propuestas de modificación de la 'ley mordaza') defendió ante Estrasburgo la legalidad de estas repatriaciones, alegando que en realidad no fueron unas «expulsiones», sino «una prevención de entrada» irregular.

Entre tanto, este jueves se constituyó la ponencia que reformará la ley mordaza tras casi dos años de paralización. Habrá 14 comparecientes (catedráticos, policías, expertos y miembros de ONG's) entre el 5 y 8 noviembre. Luego, el día 14 de ese mes, los diputados comenzarán a redactar el nuevo texto, basado en la propuesta del PNV de retocar 44 puntos de la actual legislación.