La prórroga de los alquileres divide a PSOE y a Sumar a una semana del inicio de campaña

La responsable de vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto, calificó de «indignante» la decisión del ala socialista del Gobierno. Y la propia vicepresidenta segunda, que el lunes por la noche ya reconoció «discrepancias» con el socio mayoritario del Ejecutivo por este asunto, respaldó su apreciación. En la coalición de partidos que encabeza la ministra de Trabajo creen que «no hay justificación para no prorrogar la medida salvo proteger al rentismo» y piden a los socialistas «rectificar».

Díaz recordó que ya negoció con el PSOE en anteriores ocasiones «la limitación de la revalorización del alquiler al 2%», al tiempo que abogaba por mantener estas medidas porque lo necesitan «muchas personas que viven con un alquiler». Sin embargo, el Gobierno decidió finalmente no extender la medida que establecía que los contratos prorrogados los arrendadores tuviera la obligación de mantener las mismas condiciones del anterior.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, replicó en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que no solo la ley de vivienda, que ya ha entrado en vigor, establece topes a la subida del alquiler del 2% para este año y del 3% para el próximo sino que la legislación española (en concreto, la ley de arrendamientos urbanos) ya prevé la posibilidad de solicitar la prórroga del contrato por un año completo para inquilinos en situaciones de vulnerabilidad.

Calviño subrayó también que hay    medidas que no se han levantado en el macro real decreto ley aprobado este martes, como la suspensión de los desahucios y lanzamientos de la vivienda habitual para las familias vulnerables sin solución habitacional alternativa, porque las comunidades autónomas no han tenido tiempo aún para implementar los mecanismos que a este respecto también contempla la ley de vivienda, pero dejó claro que, en unos meses,    se hará.

«Lamento que haya personas que quieran generar incertidumbres o desasosiego, teniendo en cuenta que durante estos años hemos mejorado las condiciones de los inquilinos y aumentado el marco de protección con atención especial a los colectivos menos favorecidos», reprochó abiertamente a sus socios.

Fuentes de la Moncloa evitaron después afear a Sumar su actitud pero insistieron en que la prórroga a la que apelan sus socios fue una medida extraordinaria que tiene difícil encaje jurídico en una situación de normalidad. «La prórroga –remarcan además    desde el ala socialista del Ejecutivo– está vigente hasta el 30 de junio, es decir, que un contrato que finalice en esa fecha se podrá prorrogar hasta finales de diciembre, por lo que los efectos de la medida se seguirán desplegando en los próximos meses».

Esta no es la única diferencia que separa, a semnas del 23-J, aPSOEy Sumar. La vicepresidenta primera también mostró el martes su rechazo a la propuesta de Díaz de establecer un bono extraordinario de 1.000 euros para ayudar a las familias vulnerables a pagar sus hipotecas ante el fuerte repunte de los tipos de interés. La ministra de Trabajo alegó este martes que el mecanismo «no da dinero a los bancos, sino al revés» y echó en cara a Calviño que 'su' Código de Buenas Prácticas para las entidades financieras «no funciona».

El choque entre los socios no es, en todo caso, absoluto.   Los socialistas sí han accedido a otras demandas de Sumar y, entre otras cosas, este martes se aprobaron también por decreto los permisos de cinco días para atender a un familiar enfermo, que formaban la ley de familias, decaída con la disolución de las Cortes. Ahora pueden ver la luz si la Diputación Permanente del Congreso convalida la norma, casi escoba, del último Consejo de Ministros.