El Gobierno descarta derogar la prisión permanente pese a su oposición desde 2015

Los socialistas ya habían mostrado su rechazo al PP durante la negociación y en el acuerdo no se mencionó esta figura punitiva, que alarga el cumplimiento ininterrumpido de cárcel (de 25 a 35 años), para que llegara a puerto. Sí se incluyó, no obstante, que las condenas por asesinato terrorista será la mayor de las penas contempladas y se estipuló que en caso de que los socialistas llegaran al Gobierno -como ocurrió tras la moción de censura de junio de 2018- y revoquen la PPR, el pacto antiterrorista se mantendría vigente.

En junio de 2015, tras entrar en vigor la reforma penal, todos los grupos parlamentarios de la oposición se unieron en el recurso contra esta medida «inhumana», «populista» y caracterizada por su «inseguridad jurídica». Diputados del PSOE, la Izquierda Plural, UPyD y Compromís junto a nacionalistas catalanes (de CDC y de UDC), vascos (PNV), canarios (Nueva Canarias) y gallegos (BNG) rubricaron el escrito.

El entonces secretario general del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, hoy senador, avanzó que el nuevo texto penal «no se va a aplicar nunca en nuestro país» y que «en cuanto Rajoy salga del Gobierno habrá una nueva mayoría» que lo derogará. A su juicio, existen motivos para cuestionar una docena de artículos relativos a esta «cadena perpetua», que chocan «frontalmente» contra la Carta Magna.

Desde el PNV, el portavoz Aitor Esteban justificó entonces la existencia de «poderosas» razones para recurrir esta «cadena perpetua encubierta». «No queremos un modelo penal tipo EEUU. Es una pena sin sentido en el plano humano y desde la seguridad jurídica», dijo.

Aquella efervescencia de la oposición fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo hasta llegar a esta semana, seis años y medio después. Primero con los golpes de realidad que han supuesto trágicos sucesos como el crimen del pequeño Gabriel en Almería, en febrero 2018. Un asesinato que consternó a la opinión pública y que llevó al entonces candidato Sánchez a sacar del debate partidista la derogación de la PPR a la espera de que se pronunciara el Constitucional.

Al crimen de Gabriel se sumó la mediática campaña emprendida por el padre de la joven Diana Quer - a cuyo asesino le condenaron a esta pena- para no derogar la medida, que sumó más de 1,5 millones de firmas. Y hace solo un mes, por siete votos a tres, la corte de garantías avaló la legalidad de la PPR porque no vulneraba el principio de reinserción social de los presos y se podía revisar a partir de los 25 años.

En suma, los acontecimientos han superado al Gobierno y este martes la ministra de Justicia, Pilar Llop, reconoció en el Senado lo evidente: que el Gobierno no suprimirá la norma. Ello pese a que el PNV sigue presionando porque la considera «un paso atrás». «La sociedad no merece que se reabra el debate, porque genera incertidumbre en cuestiones de gran sensibilidad y menos que lo haga cuando el TC ya se ha pronunciado», justificó Llop.