El Gobierno busca otro marco jurídico contra las pandemias tras el fallo del Constitucional

Sánchez cerró hoy en Sevilla un acto de su partido con el nuevo líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, y con su silencio trato de poner un punto y aparte en el choque entre el Gobierno y el Constitucional. Ni media palabra dedicó al asunto. Apenas apuntó que la decisión de los magistrados no va a alterar el rumbo de su estrategia hasta el final de la legislatura frente a una oposición «que dice no a todo».

Se tomó a broma la crítica de Pablo Casado por nombrar «a dedo» a sus ministros en la reciente crisis de Gobierno, pero insistió en que no iba a pisar el terreno de juego que busca la oposición. «Allá ellos con su confrontación y crispación, nosotros a lo importante: vacunación, modernización y recuperación. Eso es lo que vamos a hacer hasta 2023».

La ausencia de referencias al fallo del tribunal no significa que el Gobierno vaya a asumir sin más el varapalo judicial. Sánchez ya ha puesto deberes a su nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para que busque herramientas legales diferentes al estado de alarma y que el Gobierno cuente con un marco jurídico inatacable con el que hacer frente a eventuales pandemias u otras catástrofes. En la Moncloa quieren conocer la literalidad de la sentencia porque lo que ha trascendido es solo el proyecto de la misma que ha elaborado el magistrado ponente, Pedro González-Trevijano.

En la Moncloa descartan la receta de Casado para reformar la ley de 1986 de Medidas Especiales de Salud Pública porque argumentan que no se puede colgar de una norma ordinaria, no tiene siquiera el rango de ley orgánica, medidas que restrinjan derechos individuales recogidos en la Constitución.

Los primeros pasos apuntan a una ley específica de pandemias, que Sánchez hasta ahora se ha resistido a encarar, pero que algunos aliados del bloque de la investidura, como Esquerra o el PNV, han demandado porque aumentaría la capacidad de maniobra de las comunidades autónomas si se les faculta a adoptar medidas restrictivas de los movimientos de la población sin pasar por los tribunales de justicia.

También figura entre las ideas que se manejan la creación de un marco jurídico intermedio entre el estado de alarma y el de excepción. Una fórmula que ya barajó en su día la anterior vicepresidenta Carmen Calvo en las negociaciones que mantuvo con Ciudadanos. El número dos de los liberales, Edmundo Bal, ha confirmado que en aquellas conversaciones estuvo sobre la mesa una reforma de la ley 4/1981, la que regula el estado de alarma, para acotar mejor la limitación de movimientos de la población. Podría ser, apuntan fuentes socialistas, una especie de estado de emergencia como el que se ha aplicado en otros países europeos para hacer frente a esta pandemia.

Lo que parece descartado, según los expertos gubernamentales, es recurrir al estado de excepción, que, según el Constitucional, sería el marco adecuado para un restricción intensa de los derechos individuales. En el Gobierno consideran que se trata de un marco jurídico pensado para otras circunstancias, sobre todo de índole terrorista o de grave alteración del orden público. La última vez que se decretó fue bajo la dictadura franquista, el 25 de abril de 1975, y se circunscribió a Guipúzcoa y Vizcaya tras una oleada de atentados de ETA.

Además no es un resorte ágil para su implantación porque requiere el permiso previo del Parlamento al Gobierno, que a su vez debería fundamentar su solicitud y especificar qué derechos pretende recortar. Por otra parte, solo es aplicable durante 30 días con posibilidad de una prórroga por igual periodo. No está diseñado para, por ejemplo, los seis meses que ha durado el último estado de alarma