El Gobierno amenaza al PP con reactivar la reforma del sistema de elección del CGPJ

Sánchez se comprometió a paralizar la tramitación de la polémica reforma –que pretende rebajar de tres quintos a mayoría absoluta los votos necesarios para nombrar a una parte de los veinte vocales que componen el órgano de gobierno de los jueces– durante el debate de la moción de censura planteada por Vox, hace casi tres semanas. El presidente del Gobierno vinculó la decisión con el portazo a Santiago Abascal escenificado durante aquel pleno por Pablo Casado. Pero desde entonces, conforme con el discurso de Montero, nada se ha movido.

El PP cree que el Ejecutivo no se atreverá a seguir adelante con la proposición de ley que firmaron el PSOE y Unidas Podemos ( si hubiera sido iniciativa del Gobierno habría requerido el preceptivo informe del Consejo de Estado y del propio CGPJ) porque el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) advirtió a España de que«puede violar los estándares anticorrupción» y porque, además, el texto cuenta con el rechazo de dos de las tres principales asociaciones de jueces, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria.

Como condición para acordar, los populares exigen que Podemos quede excluida del pacto y que, además, se den pasos hacia la despolitización del órgano judicial con la tramitación de una propuesta que ellos mismos llevaron en su programa electoral de 2011 pero acabó metiendo en un cajón pese a tener mayoría absoluta . Una propuesta para que sean los propios jueces los que se elijan entre sí, tal y como ocurría antes de la reforma socialista de 1985.

En el PSOE rechazan arrinconar a sus socios de coalición. «No tiene sentido hacerlo», dicen. Impedir que Podemos pueda designar vocales de su agrado supondría abrir una crisis de confianza en el Ejecutivo justo cuando Sánchez e Iglesias acaban de apuntalar su alianza con los Presupuestos. En el ala socialista del Gobierno afirman además que en julio el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya ofreció a su interlocutor popular, el exmagistrado Enrique López, reducir de cuatro a dos el número de vocales designados por sus socios de coalición.

«Lo que intenta la proposición de ley (del PSOE y Podemos) –alegó Montero– es superar el bloqueo al que nos ha sometido el PP sin querer ejercer la tarea que le corresponde como oposición».